Saberes y Ciencias.
Suplemento mensual de la Jornada de Oriente.
Junio 2022, No. 123. Año XI. pp. 4y 5.
Junio 2022, No. 123. Año XI. pp. 4y 5.
La temperatura del planeta sigue aumentando, sobre todo por la continua emisión antropogénica de gases de efecto invernadero (GEI) y cambios radicales en los usos del suelo.
Las ciudades, en tanto espacios que concentran el grueso de la riqueza, población, medios de producción, consumo de recursos (incluyendo el suelo) y de generación de desechos, juegan un rol central. Por un lado, son parte principal del problema y vulnerables a los impactos del cambio climático. Por el otro, son inevitablemente parte de la solución, pues cualquier intento de cambio de rumbo se jugará en lo que se haga o se deje de hacer en las ciudades.
El Sexto Informe del IPCC (AR6, por sus siglas en inglés) reporta con un alto nivel de confianza que el riesgo climático sigue aumentado. Las pérdidas humanas, materiales y económicas están creciendo, verificándose de manera diferenciada al ser sistemática y proporcionalmente más agudas entre la población pobre, una situación que se ha agravado con la pandemia Covid-19, al gestarse escenarios de doble vulnerabilidad (solo en los primeros seis meses de 2020 se registraron 84 desastres que afectaron a 51.6 millones de personas en el mundo que ya se encontraban asediadas por los estragos de la pandemia).
Tal aumento del riesgo climático se verifica con mayor fuerza en las ciudades donde las capacidades adaptativas son limitadas, situación que típicamente se observa en el Sur Global donde se suele carecer de planeación urbana, permea la informalidad, y donde además de la pobreza y la des- igualdad estructural, se experimenta un crecimiento poblacional particularmente intenso (90 por ciento del crecimiento urbano al 2050 se espera en las ciudades del Sur Global).
Dependiendo de su ubicación y de las características biofísicas, las ciudades y sus habitantes experimentan diversas amenazas como heladas, sequías, lluvias torrenciales, inundaciones y movimientos en masa, por mencionar algunas. El grado de sensibilidad urbana y por tanto de vulnerabilidad a tales amenazas es sin embargo delineado por las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales imperantes, es decir, por aspectos que no son dependientes de las amenazas.
Revertir la tendencia de creciente riesgo climático en las ciudades supone, advierte el AR6, la acción decidida de todos los actores para, por un lado, mitigar las emisiones de GEI, y por el otro, atender las causas de fondo de la vulnerabilidad diferenciada, dígase la pobreza, marginación, inequidad y desigualdad (de género o de otra índole).
Para el AR6 existe una ventana de oportunidad de tiempo limitado —estimada en alrededor de una década— para trascender las prácticas usuales y acelerar la adaptación transformativa y el desarrollo climáticamente resiliente.
El encuentro de múltiples agendas internacionales, se afirma, puede incentivar el empuje de agendas nacionales y locales cada vez más ambiciosas y robustas. Para México u otros países del Sur Global esto no debería suponer el seguimiento irrestricto de los imaginarios de transformación urbana y de desarrollo que emanan desde tales espacios, sino la articulación de sus propias prioridades y soluciones, territorialmente (co)construidas y diferenciadas, siempre y cuando ésas busquen avanzar hacia escenarios cada vez más sostenibles, resilientes, incluyentes y justos.
Enfatizar la relevancia de la informalidad y la pobreza urbana podría desde el contexto mexicano articularse de manera puntual a nociones robustas de justicia climática. De manera similar la necesidad de fortalecer la gobernanza climática habría de vincularse con el fortalecimiento de las capacidades locales (incluyendo redes de seguridad social para la prevención y atención de desastres y la recuperación post-desastres), así como con la coproducción de conocimiento y la cogeneración de soluciones, dígase mediante la cimentación de las mejores condiciones posibles para la participación —activa e informada— y para la consolidación de la autogestión y la autonomía de las comunidades y barrios urbanos y periurbanos (pero también rurales, particularmente con los que se mantienen algún tipo de nexo).
Asimismo, la noción de desarrollo climáticamente resiliente que refrenda el AR6, podría circunscribirse a la generación de condiciones económicas, políticas, sociales, ambientales y culturales que permitan la buena vida en las ciudades, tanto de los seres humanos como de otras formas de vida que ahí residen. Para ello se pueden visibilizar esfuerzos coordinados para el avance de “ciudades más que humanas” o “ciudades multiespecie”, ello de la mano de otros esfuerzos cuya finalidad, por ejemplo, más allá de fortalecer las economías transnacionales, sea al fomento de esquemas de producción-consumo que revaloricen las relaciones loca- les y regionales y los esquemas cooperativos y solidarios (sea en producción agro- ecológica de alimentos, la generación descentralizada —barrial e individual— de energía renovable, entre otras cuestiones).
El fortalecimiento de esquemas de economía social y solidaria genera diversos beneficios como el uso eficiente de recursos (establecen cadenas de abasto cortas y potencialmente circulares) o la diversificación de las economías urbanas, lo cual fortalece la resiliencia al evitar, o disminuir, la vulnerabilidad asociada a una alta especialización económica que puede verse impactada por eventos inesperados (como la pandemia Covid-19).
En síntesis, la acción climática en las ciudades de México y del mundo debe ser entendida como un asunto transversal en la política pública, comenzando por su papel en el diseño e implementación de rutas alternativas de desarrollo. Pensar las estrategias de adaptación desde tal perspectiva supone alinear los planes de desarrollo y los planes sectoriales (a diversas escalas, incluyendo la urbana), con las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, de prevención y gestión del riesgo, salud pública, así como de construcción de resiliencia. Esto significa que las agendas sectoriales en curso pueden ser mejoradas para que sumen a la acción climática y aceleren el aprovechamiento de cobeneficios cruzados. Lo dicho precisa por tanto de la planeación e implementación de la política pública de manera integral y coordinada, de la mano de un trabajo colaborativo cada vez más robusto entre tomadores de decisiones, la academia, el sector productivo (social y privado) y la sociedad en general.
La figura sintetiza algunos retos urbanos y sus potenciales soluciones, mismas que habrán de ser aterrizadas caso por caso, pues no existe una “receta” válida para todo tipo de ciudades y contextos. Para experiencias adaptativas varias, incluyendo aquellas de mala-adaptación, consulte el volumen II del AR6.
Finalmente, debe advertirse que incluso las mejores prácticas adaptativas tienen límites, sobre todo cuando el legado de inversiones pasadas en infraestructura y edificaciones urbanas restringe las posibilidades de adaptación, de ahí que sea necesario reconocer la relevancia, por un lado, de acciones paralelas en mitigación (para evitar que se agudice el problema), y por el otro, del establecimiento de mecanismos de pérdidas y daños, financiamiento y cooperación. Irónicamente, como advierte el AR6, las inversiones para la adaptación continúan siendo insuficientes.
Ante tal situación, el llamado debe ser por la acción inmediata y decidida, con
texto en el que las capacidades y responsabilidades diferenciadas deben reconocerse para poner primero a los más vulnerables en la agenda de acción y así apostar por la justicia climática.
texto en el que las capacidades y responsabilidades diferenciadas deben reconocerse para poner primero a los más vulnerables en la agenda de acción y así apostar por la justicia climática.
