Gian Carlo Delgado Ramos
Nexos – Crisis Ambiental
CDMX, México., 27 de julio de 2020.
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México está altamente urbanizado con 80% de su población viviendo en alguna de las 401 ciudades que integran el denominado Sistema Urbano Nacional. Para el 2035, si la población del país aumenta 21.5 % con respecto al año 2015, la población urbana pasará de 99.8 a 129.8 millones de habitantes. A la vez, la población rural decrecerá en unos 3 millones de habitantes.1
Una creciente población urbana se traducirá en una mayor expansión del espacio construido, seguramente dando pie a una mayor dispersión urbana y a la consolidación de zonas conurbadas. Tal proceso supone el incremento del consumo de materiales y energía para su construcción y operación; se pasará de un consumo de 1 226.7 millones de toneladas en 2015 a 1 491.5 millones de toneladas en 2035, en un escenario tendencial. También implica la agudización de los diversos impactos socioambientales. Por ejemplo, la erosión o pérdida de ecosistemas urbanos y periurbanos, la sobreexplotación de fuentes locales y regionales de agua, la mala calidad del aire o la generación de más residuos, ello además de los impactos asociados al cambio climático.
El reto no es menor y el país habrá de articular esfuerzos, sobre todo en las ciudades con una población de entre 1 y menos de 10 millones de habitantes, seguidas de aquellas con menos de 500 mil habitantes que son las que experimentarán el mayor crecimiento. Véase figura 1.
Figura 1. Población rural y urbana por tamaño de asentamiento
Fuente: elaboración propia con base en UNDESA, 2018
Transformación urbana y covid-19
Reflexiones finales
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Las ciudades son responsables directos e indirectos de muchos de los impactos climático-ambientales. A la vez figuran como espacios de oportunidad para la toma de medidas desde las cuales se pueden modificar las dinámicas tendenciales.2 Por ello, lo que se logre hacer en las ciudades será clave para impulsar cualquier esfuerzo de transformación urbana sustentable, resiliente, incluyente y más justa.
La agenda climática internacional, la de desarrollo sostenible (léase, Agenda 2030), de gestión de riesgos (Marco de Sendai), y de conservación de la biodiversidad (Convención de Diversidad Biológica, decisión X/22), reconocen el papel central de las ciudades y, en consecuencia, han propiciado acciones diversas a escala global, nacional y subnacional. Los esfuerzos son loables, con resultados palpables en diversas latitudes tal y como lo han reportado C40, ICLEI o Cities Alliance; sin embargo, están aún lejos de ser suficientes. Las sinergias y metas comunes de dichas acciones son visibles dado el carácter transversal y multidimensional de la transformación urbana, la cual puede ser entendida como un proceso de cambios profundos en la naturaleza de los sistemas urbanos y, en consecuencia, de la planeación y gestión (véase figura 2).
Figura 2. Dimensiones de la sustentabilidad urbana, líneas principales de acción y ejes transversales para su impulso
Fuente: elaboración propia. Diseño gráfico: Rodrigo Muñoz Montiel
No es casual que ante la coyuntura de propagación de la pandemia covid-19, la cual es mayormente urbana (90 % de los casos confirmados a nivel mundial);3 se abra una ventana de oportunidad para acelerar las transformaciones necesarias. Y es que, lo que no se ha logrado movilizar hasta ahora, al menos con la suficiente rapidez y grado de decisión, pareciera encontrar ahora una oportunidad que podría, no sólo estimular una gobernanza cada vez más participativa, sino también proactiva, resultado de la articulación de múltiples agendas de acción. Lo último derivado de que ha quedado evidenciado, con la emergencia de covid-19, las muy diversas cuestiones que urgen ser vueltas a examinar. Desde la calidad, gestión y resiliencia de los servicios públicos, no sólo los de salud, sino de otros como los de agua, saneamiento y energía, hasta aspectos relacionados con el propio diseño del espacio público y de las edificaciones, la atención integral de emergencias y la prevención del riesgo. También está la necesidad de reconsiderar los esquemas de abasto de alimentos (y otros recursos), incluyendo aspectos relacionados con la accesibilidad y asequibilidad de alimentos sanos y frescos. Lo mismo aplica a cuestiones afines a la garantía del derecho a un medio ambiente sano, así como al denominado derecho a la ciudad, el cual precisa reconocer la informalidad en las ciudades a la vez que se atienden las desigualdades imperantes, tanto socioeconómicas, como de género y de otra índole. Atañe también a la aptitud y grado de capacidades con las que se cuenta para la planeación y acción y, por tanto, para formar e informar a los diferentes actores sociales cuyas percepciones modelan en buena medida su actuar, sea ante los impactos del cambio climático o de la pandemia causada por el virus SARS-CoV 2.
La revisión de tales y otros aspectos, a la luz de la pandemia covid-19, pero también de la crisis climática-ambiental en curso, puede encausar transformaciones diversas, desde aquellas más superficiales y con impactos de corto plazo, hasta otras que, por incidir en cuestiones estructurales, pueden generar efectos más duraderos y significativos. Dichas transformaciones, si se planean adecuadamente, pueden además tener un rol importante en los procesos de reactivación económica.
Imaginarios urbanos en tiempos de covid-19
En la interacción entre las agendas de acción ante la pandemia covid-19 y la cuestión climático-ambiental, la planeación informada y participativa es necesaria para aprovechar al máximo las capacidades limitadas que se tienen en un contexto de crisis, el cual se agudiza más conforme la pandemia continúa actuando como potente catalizador. Y es que debe reconocerse que los objetivos loables de muchas agendas, como la Agenda 2030, están prácticamente en ciernes, tal y como ya lo reconoce Naciones Unidas.4
Pese a lo desalentador de este panorama, debe advertirse que no todo está perdido. Una lectura de tal naturaleza nos inmovilizaría; justamente lo opuesto a lo que se requiere. Los impactos actuales y esperados de la pandemia covid-19, vistos desde otra óptica, pueden reposicionar múltiples demandas y articular actores y prácticas para acelerar un cambio de dirección. En este contexto, es notorio el llamado que han hecho diversos alcaldes de C40 para “no regresar a las prácticas habituales” (business as usual), apostando en cambio por una nueva normalidad que articule desde las medidas para la recuperación económica, a través del fortalecimiento de la interfaz ciencia-política para la comunicación y la toma de decisiones, y desde los paquetes fiscales y de incentivos para la transición urbana sustentable, de bajo carbono y resiliente.5 En este contexto, cabe precisar, es primordial e impostergable la inclusión social, y por tanto el reconocimiento del la informalidad y la pobreza urbana en el diseño de las políticas públicas.
En la búsqueda de soluciones concretas no hay recetas, ni un solo camino para la transformación urbana. Las agendas de acción habrán de priorizar espacial y temporalmente unas u otras medidas, según las particularidades de cada caso y dando cuenta de las dependencias y sinergias existentes. Entre las rutas de acción hasta ahora propuestas,6 denotan las siguientes:
- Reactivar la economía urbana a partir de incentivar la economía circular y de bajo carbono, dígase por medio de la introducción de nuevas tecnologías e infraestructuras sustentables que precisarán la creación de esquemas novedosos de negocios y de oferta de servicios.
- Fortalecer la planeación urbana desde una aproximación integral del territorio, de modo tal que se mejore la gestión y se fomenten usos mixtos del suelo, densidades apropiadas, edificaciones eficientes y climáticamente adaptadas, así como espacios públicos adecuados, seguros e incluyentes.
- Mejorar los servicios públicos, tanto en cobertura como en calidad, comenzando por los de salud, agua y saneamiento, así como de atención a la población vulnerable (lo que supone una mayor atención a lo periurbano y a la informalidad).
- Invertir en vivienda para reducir el hacinamiento y mejorar su calidad desde una revisión integral de la política pública de vivienda que reconsidere el rol del Estado en su efectiva planeación y que en el diseño y emplazamiento de las edificaciones integre consideraciones climático-ambientales y de salud pública.
- Mejorar urgentemente la calidad del aire dados los importantes impactos que tiene en la salud (incluyendo la sensibilidad ante la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2). Las medidas prioritarias habrán de centrarse en la generación de energía, así como en la movilidad urbana.
- Reconocer y revertir las desigualdades e injusticias ambientales en tanto que ahondan los riesgos en general, no sólo los sanitarios. Esto implica el ajuste de múltiples instrumentos de política pública con énfasis en aquellos que buscan eliminar o reducir las vulnerabilidades agravadas por usos indeseables del suelo o por la pérdida de ecosistemas urbanos y periurbanos, o bien, que su objetivo es la atención de grupos vulnerables, sean personas en situación de calle, migrantes, adultos mayores, mujeres o niños.
- Avanzar hacia el acceso universal a tecnologías de la información dada su relevancia para la comunicación y atención de riesgos sanitarios y para el acceso remoto a la educación.
- Atender la informalidad laboral, de la mano de mejoras a la regulación de las condiciones de trabajo y de su verificación.
- Movilización creativa de recursos y fortalecimiento de las capacidades institucionales, incluyendo la coordinación de los distintos órdenes de gobierno, ello a la par de la formación y educación de otros actores sociales con el fin de propiciar una gobernanza más participativa.
En las especificidades de todo lo antes mencionado, se jugará el éxito o el fracaso de las medidas propuestas. Por ello, será definitorio la manera en la que se afronte la pandemia covid-19, cómo se articule la denominada nueva normalidad y la forma en la que se visualice el futuro urbano poscovid, así como el modelo de desarrollo en el que se lleve a cabo. De lograrse un avance en la dirección correcta, se podría no sólo beneficiar al medio ambiente y al clima, sino a la población en general, razón por la cual se contribuiría al cumplimiento de aquellos objetivos planteados a nivel nacional y subnacional y que en buena medida están alineados al espíritu de diversas agendas internacionales que el país ha refrendado. La actualización de las contribuciones nacionales determinadas en materia de cambio climático, a fines de este año, bien podría aprovecharse para comenzar la articulación de un plan robusto de acción.
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1 UNDESA. 2019. World Population Prospects 2019.
2 IPCC. 2019. Global warming of 1.5°C; PNUMA. 2019. Global Environmental Outlook. Cambridge, Reino Unido; PNUMA-IRP. 2018. The Weight of Cities. Nairobi, Kenia.
3 ONU. 2020. The Sustainable Development Goals Report 2020. Nueva York, EUA.
4 ONU. 2020. The Sustainable Development Goals Report 2020. Nueva York, EUA.
5 C40. 2020. No Return to Business as Usual.
6 Véase, por ejemplo, Delgado Ramos, G.C. y López García, D. 2020. Las ciudades ante el COVID-19.PCTU/INGSA. México.
