Gian Carlo Delgado Ramos
Revista Nexos - Crisis Ambiental
17 de febrero de 2020
En diciembre de 2019 se celebró la 25.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP25). La urgencia para la acción es patente pues si la tendencia en la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) se mantiene, el aumento en la temperatura podría rebasar el límite de 1.5°C tan pronto como el año 2030 (IPCC, 2019). Los impactos que se experimentarían con mayor agudeza resultarán en temperaturas extremas (frías y calientes), un aumento del nivel del mar, y una mayor intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos. En tal escenario, los asentamientos humanos serán cada vez más vulnerables a inundaciones, movimientos de masa, heladas, sequías, olas de calor, pérdida de glaciares (que son fuente importante de agua dulce), y a la propagación de vectores infecciosos. Como resultado, es de esperarse que, por un lado, se deteriore la calidad de vida y la salud de la población, sobre todo de los más pobres, y por el otro, que se agudicen los daños a infraestructura, edificaciones y dinámicas económicas. Las afectaciones variarán en cada asentamiento, por su localización geográfica, tamaño, tipología del uso de suelo y el grado de adaptación alcanzado, entre otras cuestiones (IPCC, 2019 y 2015).
El principal promotor del cambio climático y sus impactos ha sido el continuo crecimiento económico asociado a patrones de consumo crecientes (IPCC, 2015), pero desiguales, por parte de una población mundial creciente y cada vez más urbanizada (la población urbana pasará del 54 % al 68 %del total global en el 2050). Por ello, y en tanto que centralizan el grueso de la riqueza, medios de producción e innovación, infraestructura y espacios de toma de decisiones, las ciudades se colocan como espacios clave en cualquier esfuerzo que pretenda habilitar formas de vida más sustentables y de bajo carbono, incluyentes y justas.
El papel de lo local aún es limitado pese a su reconocido potencial (IPCC, 2019 y 2015), aunque toma mayor fuerza conforme las negociaciones del clima siguen empantanadas e incluso saboteadas por grandes emisores como Estados Unidos. Siguen sin alcanzarse compromisos vinculantes, al tiempo que se evitan posicionamientos en torno a la garantía de los derechos humanos (dígase a un medio ambiente sano), el reconocimiento de las inequidades imperantes, como las de género, y el fortalecimiento de la colaboración multinivel para la acción efectiva y coordinada. En consecuencia, muchas de las partes firmantes del Acuerdo de París aún no explotan todo el potencial que supone la acción local, mucho menos plantean una agenda integral y medidas suficientes para afrontar la dimensión del problema.
Ilustración: Kathia Recio
La Zona Metropolitana del Valle de México ante el cambio climático
La Ciudad de México y su zona metropolitana conforman el asentamiento más poblado y extenso de entre las 401 ciudades y 74 zonas metropolitanas que componen el sistema urbano nacional. Emplazada a lo largo de 7 866 km2, donde residen más de 21 millones de habitantes, su dinamismo es más que patente. Además de generar el 25 % del PIB nacional, el espacio construido que la conforma sigue expandiéndose de manera informal y mediante el estímulo de un mercado inmobiliario que aún no se regula adecuadamente. Producto de tal expansión, las distancias recorridas, el consumo de energía y la generación de emisiones de GEI han aumentado. En 2016 las emisiones de la ZMVM alcanzaron las 62 gigatoneladas de CO2eq.
Al mismo tiempo, otras cuestiones socioambientales se han agravado, desde el agotamiento de las fuentes de agua y la generación de residuos, hasta la erosión de diversos ecosistemas urbanos y periurbanos (Delgado et al., 2019). Se suman, además, los impactos agravados por el cambio climático tales como inundaciones y encharcamientos, deslaves e incendios, entre otros asociados a la recurrencia de olas de calor y heladas más intensas. Ante los impactos ya experimentados y aquellos esperados en el futuro, derivados de un aumento en la temperatura promedio que podría ser de hasta 1.5°C en el corto plazo y de 2.25°C en el largo plazo (SEDEMA, 2015), cabe resaltar que aún no existe una estrategia metropolitana de acción climática que logre articular los tres niveles de gobierno.
La CDMX ha sido pionera en el diseño de una política climática en el país. Desde 2008 ha implementado dos planes de acción climática y actualmente elabora uno más para el periodo 2020-2026. Ha publicado su Ley de mitigación y adaptación al cambio climático y desarrollo sustentable (2011) y creado un Fondo Ambiental Climático para gestionar recursos privados nacionales e internacionales (2015). Igualmente, en 2016, lanzó un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores para el desarrollo de proyectos de ahorro y eficiencia energética, mejora del abastecimiento de agua potable, y el empuje al transporte público sustentable. Ha logrado trascender hacia lo local con la publicación de programas de acción climática en 14 de las 16 alcaldías que comprenden la CDMX. Pese a tal logro, los resultados no han sido los esperados, además de que no se cuenta con informes públicos acerca de los avances logrados, situación a la que se suma la falta de continuidad con el arribo de nuevos gobiernos.
La CDMX ha logrado concretar un esfuerzo valioso en materia de mitigación, no obstante, es notorio que las emisiones absolutas de GEI sigan en aumento. En otras palabras, la reducción de emisiones GEI sigue siendo insuficiente de cara a la intensidad del consumo energético-material de la CDMX. La situación en materia de adaptación es marcadamente diferente pues poco se ha avanzado en ello, más allá de acciones limitadas al pago de servicios ambientales en suelo de conservación o en intervenciones puntuales de revegetación urbana que no necesariamente responden a una noción de adaptación planificada.
Lo que es claro es que las vulnerabilidades que experimenta la población más pobre no han sido atendidas de raíz y sólo ciertas acciones del actual gobierno de la CDMX comienzan a hacerlo, por ejemplo mediante dos proyectos: 1) “Altepetl” que busca integrar el apoyo a la producción agrícola, agropecuaria y agroalimentaria sustentable, con el rescate y preservación de la zona forestal urbana y periurbana, y el mantenimiento, resguardo, acondicionamiento y fomento del patrimonio cultural tangible; y 2) el que, desde el lema “nuestra lluvia, nuestra agua”, busca instalar 100 mil sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas con precariedad hídrica y con los cuales se podría alcanzar un potencial de mitigación de alrededor de 740 mil toneladas de GEI al año y una reducción de la escorrentía del orden de 2.5 millones de m3 anuales. Dichos proyectos si bien no resuelven del todo la problemática climático-ambiental de la CDMX, sin duda contribuyen a ello, en particular por tratarse de proyectos que buscan reducir de algún modo las desigualdades sociales imperantes.
El diseño e implementación de una agenda mejorada, cada vez más coordinada e incluyente es urgente, lo que demanda no solo planear y ejecutar acciones concretas, sino desarrollar capacidades locales más robustas, comenzando, pero no limitándose a las institucionales. Ello es todo un reto para la CDMX pese a estar en la vanguardia de la acción climática nacional. Y es que, mientras el gobierno de la CDMX ha fortalecido sus capacidades a través de su Secretaría de Medio Ambiente, ello no se ha verificado a escala de las alcaldías donde incluso la cuestión ambiental sigue en algunos casos ocupando un lugar secundario en la estructura institucional y en el diseño presupuestal, tal y como lo revela el ICI-CLIMA, Índice de Capacidad Institucional Climático–Ambiental Local 2019.
Según ICI-CLIMA, alcaldías como Gustavo A. Madero, Xochimilco y Coyoacán, son las que demandan mayores esfuerzos. La valoración de sus capacidades en un nivel de “insuficiente” responde a cuestiones estructurales, o bien, a la persistencia de viejas prácticas e inercias, la falta de actualización de instrumentos locales de planeación, la limitada transparencia y rendición de cuentas, o la insuficiente transversalización y coordinación de las acciones para afrontar la problemática en cuestión.
Atender los retos climático-ambientales en la CDMX y, más aún, en la ZMVM pasa por acciones múltiples, no sólo para la reducción de las emisiones de GEI y la conservación de ecosistemas urbanos y periurbanos. También por la reducción de las brechas sociales existentes, en tanto que no sólo hay responsabilidades, sino capacidades diferenciadas. En ese sentido la inclusión de la informalidad en las políticas climático-ambientales, y viceversa, es fundamental. Lo mismo aplica para la mencionada colaboración y coordinación intersectorial y multinivel, sobre todo porque permiten trascender las inercias y tiempos políticos y apostar por una planeación integral de largo plazo. Para que esto último sea un proceso robusto, se se tendrá que fomentar una gobernanza climática incluyente, idealmente habilitando, no sólo el uso de conocimiento local, sino procesos de coproducción de conocimiento y de toma de decisiones. En suma, se trata de propiciar un proceso de transformación urbana cuyos rasgos pueden ser delineados de manera general para, desde ahí, comenzar a codiseñar sus especificidades, tal y como se plantea en el texto Diálogo Mexicano de Talanoa (Delgado et al., 2018).
Referencias
Delgado Ramos, G.C., Mac Gregor Gaona, M.F., Ortega León, R., y De Luca, A. 2019. Hacia una agenda coordinada de acción climática–ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México. PCTU. CDMX, México.
Delgado Ramos, G.C., Van Staden, M., Villaseñor Franco, E. 2018. Diálogo Mexicano de Talanoa. CEIICH, UNAM. México.
IPCC. 2019. Global warming of 1.5°C.
IPCC. 2015. AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014.
