Gian Carlo Delgado Ramos*
María Fernanda Mac Gregor Gaona**
La Jornada de Oriente. 16 de julio de 2018.
Puebla, Puebla, México.
El Proyecto de Nación 2018-2024 (PdN) del gobierno electo es un buen punto de partida para identificar el imaginario de país que plantea. Está estructurado a partir de cuatro ejes: (1) política y gobierno, (2) economía y desarrollo, (3) educación, ciencia, valores y cultura y (4) desarrollo social. Ésos se enmarcan en los siguientes lineamientos generales de carácter transversal: legalidad y erradicación de la corrupción, combate a la pobreza, recuperación de la paz, viabilidad financiera y austeridad, equidad de género, desarrollo sostenible y buen vivir, y la reconstrucción nacional.
Ante el arribo de un gobierno alternativo, y dada la experiencia vivida en los últimos años en América Latina, nos interesa advertir los retos que se enfrentan para una genuina transformación de la matriz productiva que permita transcender la añeja idea del extractivismo como “palanca de desarrollo”. Para ello, hacemos una breve revisión del eje dos del PdN, dando cuenta de algunos aspectos transversales, sobre todo el que refiere al desarrollo sostenible y buen vivir.
Según se apunta, el gasto público se visualiza como principal instrumento de desarrollo y crecimiento económico, por ello se busca que sea planificado y eficiente, liderado por proyectos e inversión de alto impacto económico y social, sin corrupción o despilfarros, y con rendición de cuentas de tal suerte que exista transparencia y seguimiento, tanto a los presupuestos autorizados y ejercidos, como a las compras, contratos y concesiones de gobierno. A ello se suma la búsqueda de sinergias entre la inversión pública y la privada, el impulso al desarrollo regional sustentable, entre otras cuestiones como el manejo adecuado de la deuda, lo cual es relevante pues su pago sólo es posible por la vía de una mayor explotación de la población mexicana y su entorno ambiental.
El PdN propone, en materia de infraestructura, el establecimiento de un fondo mixto de inversión pública y privada (es decir, sobre la base de asociaciones público-privadas). Si bien el desarrollo de infraestructura es en principio deseable, es sin embargo trascendental delinear bien las mejores modalidades, pero sobre todo las finalidades de ello: sea cerrar la brecha social existente y mejorar la calidad de vida (a través de ampliar los servicios públicos de calidad o desarrollar el sector productivo nacional), o bien, fomentar megaproyectos propios de una economía de enclave. Debe recordarse que en el gobierno de Lula, en Brasil, el impulso al emplazamiento de infraestructura para la competitividad fue uno de los motores detrás del avance de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), un proyecto que, entre otras cuestiones, busca conectar de manera más eficiente y expedita la extracción de recursos naturales y diversos procesos productivos de enclave, al mercado regional y global. Ello desde luego ha enfrentado desde su implementación diversos rechazos sociales pues incluso se le considera como "proyecto de infraestructura de la devastación". Por ello, la lógica detrás de los 25 a 30 proyectos de alto impacto que se proponen desde e
El PdN hace un planteamiento importante en términos de impulsar la producción nacional de energía, incluyendo a las renovables. Si bien es cierto que la industria petrolera difícilmente dejará de ser uno de los principales pilares de la economía nacional en el corto plazo, ello a pesar de sus impactos ambientales y a la salud, apostar por hacer del sector energético “una de las palancas de desarrollo” puede resultar un proceso tenso y contradictorio. Y es que, a pesar de que se reconoce la importancia de la transición energética hacia fuentes renovables, así como la necesidad de aumentar la eficiencia energética nacional y de reducir el consumo de energía, lo que impera hasta ahora en México es el dominio de los combustibles fósiles y, con ello, el de todos los intereses que cruzan ese negocio, desde los que apuestan por la extracción por fractura hidráulica, de fuentes pesadas, o de las emplazadas en aguas profundas, hasta los que conforman el poderoso lobby automotriz.
En el PdN se observan propuestas atinadas como la necesidad de producir nuestra propia gasolina o la de apoyar la investigación y desarrollo de renovables para una transición energética acelerada que se visualiza posible en un lapso de dos décadas. El compromiso al 2024 es generar 60.5 mil Gwh con base en renovables, esto es, el 15% del total de energía eléctrica del país. Este mandato es importante y coloca al país en sintonía con otras naciones que desde hace años están haciendo compromisos puntuales para la transición energética y la mitigación de gases de efecto invernadero. Desde luego, un compromiso de tal naturaleza no puede implicar el avance de tales fuentes de energía atropellando el entorno natural donde se emplacen, ni el de los derechos de las comunidades locales que verían su emplazamiento concreto. Por ello, es por demás valiosa la medida del PdN acerca de la democratización de la política energética, respetando las decisiones de las comunidades y, aún más, la iniciativa de incorporar el concepto de los derechos de la naturaleza en leyes, códigos y reglamentos como eje rector de la política ambiental. En la medida en que ello realmente se entienda y se ponga en marcha, se podrán ver avances exitosos, empantanamientos o flagrantes retrocesos.
La propuesta de hacer de la energía una palanca de desarrollo no es pues equivocada, pero en un país petrolero, ello inevitablemente tiende a privilegiar las energías fósiles y consecuentemente ciertas lógicas extractivistas. Por ello, el reto está en cómo hacer frente a tales tendencias y lógicas, y en cómo vincular la cuestión de la energía a aspectos nodales como la propiedad de la tierra, los límites ambientales, las implicaciones a la salud, y el respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. Lo mismo aplica al caso de la minería donde el PdN ha propuesto prohibir la exploración minera (y petrolera) en áreas naturales protegidas e “impulsar desde abajo la reforma a la Ley Minera para establecer el estudio de impacto socioambiental y la consulta a los pueblos originarios”. En este tenor, debe recordarse que en gobiernos como el venezolano, el ecuatoriano o boliviano, en su momento se argumentó que la continuidad de las actividades extractivas era necesaria en tanto plataforma para un eventual desarrollo nacional e incluso regional (dígase de la UNASUR) que pudiera mejorar las condiciones de sus habitantes. Si bien, efectivamente se lograron ciertas mejoras, las dinámicas extractivistas no sólo se mantuvieron, sino que se intensificaron, ello al grado de hablarse de “una minería del buen vivir” en Ecuador, contexto en el que cualquier cuestionamiento al (neo)extractivismo del buen vivir se llegó erróneamente a visualizar como una postura en contra del buen vivir per se. Con el término del ciclo de altos precios de los commodities, esos países ahora están en grandes problemas para hacer del extractivismo su palanca de desarrollo, pero más aún, han acumulado pasivos ambientales de la mano de cuotas, en ciertos casos no menores, de descontento social. Lo antes dicho debe tenerse presente cuando desde el PdN se plantea que la minería se desarrolle, “pero cuidando el medio ambiente y exigiendo a los inversionistas internacionales condiciones laborales y ambientales semejantes a las que se cumplen en sus países de origen”. Desde luego los inversionistas nacionales deberían hacer lo propio.
Ahora bien, si lo que se pretende desde el PdN es el desarrollo local, regional y nacional, respetando la compleja y diversa realidad socioambiental del país, en efecto la “planeación socioambiental del territorio” es necesaria, siempre y cuando sea integral y participativa, es decir, sobre la base de la coproducción de conocimiento. Desde ahí, es posible planear de manera más robusta la transición hacia ciudades sustentables y resilientes, fomentar y desarrollar el campo mexicano para consolidar “la autosuficiencia alimentaria sustentable” y, entre otras cuestiones, apostar por el “desarrollo industrial y tecnológico” del país. Pero nuevamente, tal desarrollo no es de cualquier industria y tecnología. Además, ése debe vincularse no meramente al número y tipo de empleos generados o al potencial de negocio asociado, sino especialmente a las necesidades nacionales de mediano y largo plazo, y a las oportunidades que mejor calcen con las prioridades que deriven del imaginario social de desarrollo (lo que pasa por preguntarnos, de qué tipo de desarrollo estamos hablando, en favor de quién, y con qué beneficios y costos). Tal es el reto de fondo que afrontaría la Secretaría de Fomento y Desarrollo Industrial y Tecnológico que propone el PdN.
El papel de la ciencia y la tecnología (CyT), que se reconoce como algo central, es doblemente importante pues a pesar de los discursos políticos y las acciones tomadas hasta ahora, la política en CyT es reciente, débil y desarticulada. La primera ley relacionada data de 1985, y el actual marco legal a penas se consolidó en 2003. Y aunque existe la masa crítica necesaria para dar pasos más firmes hacia adelante, hoy día el país sigue estando muy rezagado en prácticamente todos los indicadores, desde la formación de personas, hasta el ritmo de innovación e intensidad de patentes otorgadas a nacionales.
Lo antes dicho se da en un panorama que es y será todo un reto para la concreción del PdN ya que, según CEPAL, dos tercios de los activos totales (físicos y financieros) en México están concentrados en 10% de las familias (un tercio en tan sólo en el 1% de las familias), situación a la que se suma una alta concentración de los activos físicos en el sector productivo pues el 10% de las empresas del país concentran el 93% de tales activos. Y, en efecto, la economía del país está en gran medida definida por un puñado de empresas. Las 500 empresas más grandes de México, según Expansión, generaron 17.5 billones de pesos en ventas en 2017. Como se constata en la figura 1, de 2009 a la fecha se observa un crecimiento en los holdings y servicios financieros, lo que advierte una mayor consolidación de capitales monopolistas y la financiarización de la economía, algo que también se devela con la emergencia de las FIBRAS en el sector inmobiliario (real estate investment trusts). Y aunque comparativamente hablando ha disminuido el peso de las empresas avocadas a actividades extractivas, sea en energía, minerales, biomasa, agua u otros materiales, lo que se verifica es un aumento en sus ventas totales, aún cuando los precios de los commoditiesno se han recuperado del todo: en 2009, las empresas involucradas en actividades extractivas sumaron ventas por 3.1 billones de pesos, para 2017 la cifra ascendió a 5.1 billones de pesos. Aún más, del total de empresas, 270 extranjeras sumaron el 38.5 por ciento del total de ventas en 2017, mientras que en 2009 fueron 288 empresas las que generaron el 29.8 por ciento.
De cara a tal situación, desde el PdN se propone “regionalizar los esfuerzos según las capacidades regionales”, al mismo tiempo que identifica a los siguientes sectores como nichos de oportunidad en innovación y desarrollo: industria digital, mecatrónica, robótica, medicina, aeroespacial, automotriz, nanotecnología y biotecnología, y tecnologías verdes. Desgraciadamente, el PdN no describe puntualmente la relación entre esos sectores y las necesidades nacionales más acuciantes. La propuesta fina habrá de esperarla en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias y programas nacionales específicos, y desde luego, en las acciones concretas que se delineen. Para ello, se demandará de diagnósticos integrales, muchos de los cuales no existen o no están actualizados para el caso de algunos nichos científico-tecnológicos.
De cara a tal situación, desde el PdN se propone “regionalizar los esfuerzos según las capacidades regionales”, al mismo tiempo que identifica a los siguientes sectores como nichos de oportunidad en innovación y desarrollo: industria digital, mecatrónica, robótica, medicina, aeroespacial, automotriz, nanotecnología y biotecnología, y tecnologías verdes. Desgraciadamente, el PdN no describe puntualmente la relación entre esos sectores y las necesidades nacionales más acuciantes. La propuesta fina habrá de esperarla en el próximo Plan Nacional de Desarrollo, las estrategias y programas nacionales específicos, y desde luego, en las acciones concretas que se delineen. Para ello, se demandará de diagnósticos integrales, muchos de los cuales no existen o no están actualizados para el caso de algunos nichos científico-tecnológicos.
Figura 1. Peso de las 500 empresas de México según Expansión en términos de ventas
2009
2017
Fuente: elaboración propia con base en los listados de las 500 empresas
correspondientes a los años de 2009 y 2017
No se puede cerrar esta reflexión sin reconocer algunos otros atinos del PdN, como el programa de compras del gobierno federal de productos con contenido nacional (algo que deberían transmitirse a los otros dos órdenes de gobierno) o la apuesta por la economía social y solidaria, un mecanismo para habilitar la producción de bienes sociales, la retención de la riqueza en los propios territorios, la formación de personas como sujetos de su propio desarrollo en unidades económicas solidarias, democráticas, comunitarias y autogestivas. También es afortunado el reconocimiento de las experiencias de los movimientos sociales, indígenas y de campesinos en la construcción del buen vivir (independientemente de lo que ello signifique).
En conclusión, un nuevo proyecto de nación es sin duda urgente para el país, su entorno natural y su gente. La apuesta del gobierno encabezado por AMLO, al menos tal y como hasta ahora se presenta, está aún lejos de habilitar un nuevo proyecto de civilización, dígase postcapitalista. No obstante, al revertir, aunque sea relativamente la aplicación de políticas neoliberales a ultranza, y con ello sus impactos, sí es posible habilitar mejores condiciones para eventualmente transitar hacia el bien común, esto es, aquel que coloca como su objetivo central el florecimiento de las capacidades humanas (con justicia, paz y equidad) en un contexto de limites ambientales. Se trata de un esfuerzo mayor que, tal y como lo precisa el libro Las relaciones Sur-Sur y el desafío de un nuevo proyecto de civilización (2017), demanda reflexionar cuáles podrían ser las mejores rutas de transición, los sectores estratégicos y los actores sociales clave para ello.
* Investigador del CEIICH, UNAM.
** Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM.
