Agua y el reto de la (in)sustentabilidad urbana en México

Gian Carlo Delgado Ramos

La Jornada de Oriente
22 de marzo de 2017
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Los cada vez más profundos y acelerados procesos antropogénicos de transformación de la naturaleza, ya ponen en entre dicho la continuidad del sistema Tierra, al menos tal y como lo conocemos. Lo corrobora la creciente transgresión de las denominadas fronteras ecológicas, incluyendo la creciente erosión del ciclo del agua. El crecimiento económico ha sido el principal propulsor, muy por encima del crecimiento de la población. De 1950 a la fecha, la extracción global de materiales, que ya ronda los 70 mil millones de toneladas al año, aumentó 5.6 veces (de 1900 a la fecha lo hizo 10 veces). Al mismo tiempo la generación de residuos se incrementó cinco veces (los plásticos hasta unas 150 veces), la población 2.5 veces y la economía 37 veces. La preocupación neo–Maltusiana sobre la “bomba poblacional” es por tanto errónea, pues como los datos lo indican, el principal problema no reside en el crecimiento poblacional –que no deja de ser importante–, sino más bien en los crecientes y sin duda desiguales patrones de consumo, en particular de una porción de la población con mayores ingresos: alrededor de 20 por ciento de la población mundial, consume ya 77 por ciento de todos los bienes y servicios, lo que incluye el consumo directo e indirecto de agua potable. Por ejemplo, un recién nacido en las economías más desarrolladas –o un recién nacido, muy rico en los países pobres–, consume entre 40 por ciento y 70 por ciento más de agua (en promedio) que uno pobre y que, por tanto, tiene acceso restringido o no tiene acceso al agua, ello independientemente de su calidad. Los datos regionales a nivel global son aún más esclarecedores: mientras los estadounidenses utilizan mil 280 m³ de agua al año por persona, los europeos usan 694 m³, los asiáticos 535 m³, los sudamericanos 311 m³ y los africanos 186 m³ per cápita/año.

Estamos pues ante un panorama en el que la asimétrica extracción global de agua ha ido en aumento, ello en unos tres órdenes de magnitud en los últimos 50 años, una tendencia que se agudizaría para 2025 cuando se espera incremente el consumo de agua en 50 por ciento en los países desarrollados y en 18 por ciento en los países en desarrollo, estos últimos precisamente donde, como se ha dicho, se registraría el mayor aumento poblacional y los mayores impactos de la variabilidad del clima. En dicho sentido unos mil 800 millones de personas vivirán en países o regiones con escasez absoluta de agua y dos terceras partes de la población vivirá en condiciones de estrés hídrico.

Hoy que se celebra el día mundial del agua, un día que busca generar conciencia de la importancia del recurso y su imprescindible conservación y adecuada gestión. El sexto Objetivo de Desarrollo Sustentable refrenda la necesidad de “agua limpia y saneamiento” para todos, ello en un contexto en el que al día de hoy unos 780 millones de personas en el mundo carecen de acceso a fuentes de agua limpia y unos 2 mil 500 millones al servicio de saneamiento. Más aún, el consumo de agua contaminada, más allá de generar unos 4 mil millones de casos de diarrea al año, resulta en 2.2 millones de muertes al año, sobre todo de niños menores de cinco años. Dicha cifra de muertes aumenta a 3.5 millones al año cuando se considera no solo la calidad del agua, sino también cuestiones de higiene y falta de servicio de saneamiento, contexto en el que 98 por ciento de las muertes ocurren en países en desarrollo o pobres.

México se coloca a la cabeza de la lista de países con escasez de agua severa durante al menos un mes del año, lo cual podría tener implicaciones importantes en los ecosistemas, la producción de alimentos, el consumo humano del líquido y la salud, más aún cuando se estima que al menos 60 por ciento de la población vive en pobreza o pobreza extrema.

La demanda de agua en el país aumentó seis veces en el último siglo, afectando la disponibilidad natural media anual por habitante. En 1955 era de 11 mil 500 m³, pero para 2007 había llegado a 4,312 m³, es decir, una disminución de 64 por ciento en tan solo un periodo de 50 años. El escenario futuro tampoco es alentador. En tres de las trece regiones hidrológico administrativas del país (constituidas por 37 regiones hidrológicas), la disponibilidad media de agua podría alcanzar para el 2030 los mil m³ per cápita al año o menos. Por ejemplo, en la región I Península de Baja California se estiman 780 m³ habitante/año, en la VI Río Bravo 907 m³ y en la XIII Aguas del Valle de México 127 m³ habitante/año. Cabe subrayar que actualmente se registran asimetrías importantes entre disponibilidad y demanda de agua puesto que las zonas del centro–norte captan 31 por ciento del agua en el país, involucran ¾ partes de la población nacional; 90 por ciento de las regiones de agricultura de riego y 70 por ciento de la industria, generando 87 por ciento del producto interno bruto; en cambio, en el sur sureste se observan datos opuestos con 23 por ciento de la población, 69 por ciento del agua y un 13 por ciento del PIB. Y aunque la presión sobre el recurso hídrico es en promedio del orden de 17.5 por ciento a escala nacional, lo cual se considera como presión moderada (40 por ciento es considerada de presión alta), no es menor el hecho de que el grueso de regiones hidrológicas administrativas ya está en condición de alta (o muy alta) presión debido a las asimetrías de disponibilidad y demanda de agua descritas. En tal sentido, de los 653 acuíferos nacionales, la cantidad de aquellos sobreexplotados se triplicó desde 1975 al pasar de 32 acuíferos en esa condición a 100 acuíferos sobreexplotados en 2011 (de los cuales 16 registraban intrusión marina y 32 estaban bajo el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres). Es de advertirse que de ésos acuíferos sobreexplotados se extrae casi la mitad del agua subterránea para todos los usos. A lo dicho, agréguese el importante aumento de las cargas contaminantes en los cuerpos de agua del país, todo al tiempo que sólo se trata el 36.7 por ciento del agua (14.6 por ciento de tipo primario; 18.3 por ciento secundario y 1.26 por ciento terciario; el resto no es especificado). Denota también que, aunque se desinfecta el 97.6 por ciento del total del agua suministrada, sólo se potabilizan 85.7 m³/s de un total de 329.5 m³/s. No debe sorprender entonces que datos de 2009 corroboren que 21 cuencas ya estaban fuertemente contaminadas. Las entidades más afectadas, en términos de presencia de más de algún contaminante son Durango, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Los contaminantes presentes incluyen desde arsénico, fluoruros, plaguicidas, hidrocarburos, metales pesados, sólidos disueltos totales, hasta contaminantes emergentes (sobre todo fármacos y antibióticos), y contaminación bacteriológica.

Por lo indicado, no es menor que en México, según datos de 2008, las enfermedades infecciosas intestinales son la primera causa de mortalidad en menores de uno a cuatro años (5 mil 720 muertes en 2008), la onceava causa en niños de cinco a 14 años, y la vigésima causa de muerte con 0.9 por ciento del total de muertes en el país.

Tomando nota de lo antes dicho, debe advertirse que las tensiones y eventuales disputas derivadas de la escasez del líquido (biofísica y socialmente construida), que se expresan a nivel local o de cuenca, generará crecientes desafíos, por un lado, entre diferentes asentamientos urbanos y sus cuencas vecinas; y por el otro, entre distintos usuarios, sean ésos de tipo agrícola, industrial o urbano. Esta situación incluye las regiones fronterizas, donde, dígase de paso, no existe un acuerdo binacional en materia de agua subterránea. Las eventuales tensiones derivadas del uso intensivo de agua que ya se experimenta tanto en el Colorado como en el Bravo, probablemente se agudizarán, sobre todo entre ciudades vecinas como San Diego –Tijuana o El Paso– Ciudad Juárez, por mencionar un par de ejemplos. Esto es una situación latente ya desde hace varios años que no hace más que agudizarse.

El abastecimiento urbano del agua y su saneamiento es y será cada vez más un reto pues la población nacional ya es 71.3 por ciento urbana y llegará 86 por ciento al 2050. Y si bien 77 por ciento del agua se usa en la agricultura, las tensiones con lo urbano se agudizarán, ello sobre todo en las principales zonas metropolitanas del país, incluyendo las ciudades medias del Sistema Urbano Nacional que hoy por hoy verifican un dinamismo socioeconómico importante. Las asimetrías de poder político y económico entre los principales asentamientos urbanos y de éstos con los espacios rurales son centrales en la definición de cómo se gestiona el agua, en favor de quién y con qué costos socioambientales. No debe olvidarse que el Sistema Urbano Nacional, además de concentrar el grueso de los espacios de decisiones y de infraestructura, genera 80 por ciento del PIB. La renovación de la infraestructura hídrica urbana y su planeación de manera integral, como parte de un proceso de transición de lo urbano hacia modalidades más sustentables e incluyentes, será sin duda central en los próximos años y ello no será gratuito. El costo de cubrir la actual brecha en el abastecimiento de agua potable en el país al 2030, se ha estimado en un billón de pesos, contexto en el que la apuesta por privatizar el servicio para transferir los costos a los usuarios ha estado a la orden del día en las propuestas de modificación de la Ley de Aguas Nacionales.

Tomando nota de todo lo antes dicho, puede sostenerse que el histórico proceso de “implosión–explosión” urbana y sus implicaciones tomará cada vez más relevancia, no sólo en la búsqueda de soluciones de cara a un escenario tendencial, sino sobre todo para transformar el espacio construido como un todo, tanto en su complejidad biofísica, como en la función y lógica de los entramados socioeconómicos, socioecológicos y sociotécnicos que lo constituyen. La meta: transformar lo urbano y su relación con lo rural, desde perspectivas holísticas que apunten hacia esquemas, lo más consensuados posibles, de sustentabilidad y resiliencia con equidad, y en el caso puntual del agua, que garantice de manera eficiente (incluso energéticamente hablando), asequible y sustentable, tanto el derecho humano al líquido, como la producción sostenible de alimentos, y la conservación de las funciones de los ecosistemas.