Gian Carlo Delgado Ramos
La Jornada de Oriente
7 de marzo de 2016
El pasado 3 de marzo fue asesinada, en su casa, Berta Cáceres defensora de los Derechos Humanos y activista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Berta Cáceres fue líder del movimiento opositor al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en los departamentos de Santa Bárbara e Intibucá, Honduras. Por su significativa lucha recibió en abril de 2015 el premio medioambiental Goldman, también conocido como el “Nobel Verde”.
El pueblo indígena Lenca ha logrado obstaculizar el avance del millonario proyecto hidroeléctrico que se emplazaría a escasos kilómetros de la Reserva de Vida Silvestre Montaña Verde, proyectado para generar 21.3 MW de electricidad a partir del cause del río Gualcarque, un cuerpo de agua sagrado para los Lenca en tanto espacio donde viven los espíritus de las niñas indígenas.
La represa fue aprobada en 2010-2012, al calor de la nueva Ley General de Aguas de agosto de 2009 que estableció mejores condiciones para la apropiación y usufructo privado del agua.
Agua Zarca, uno de entre 17 proyectos hidroeléctricos propuestos en territorio Lenca, fue promovido por el gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) que otorgó un préstamo de 24.4 millones de dólares (mdd) a la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V., la que a su vez subcontrató a Sinohydro de China y a Voith Hydro Holding GmbH & Co. KG de Alemania (para la construcción de turbinas). También están involucrados otros actores tales como el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO – Banco Holandés (15 mdd), el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial Ltd (5 mdd), la empresa Castor, Constructora Cerros de Comayagua, Banco FICOHSA, el grupo empresarial Atala y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID – Proyecto Mercado para el “desarrollo, empleo, energía limpia y responsabilidad social”). Este grupo de actores conforman en concreto lo que Saskia Sassen califica -en su libro Expulsiones- como formaciones predatorias, una mezcla de élites y capacidades sistémicas que en conjunto empujan intereses de clase (proceso que desde luego no está libre de contradicciones).
Ante acusaciones del pueblo Lenca sobre la falsificación de firmas y el ingreso de personal y maquinaria a su territorio sin previa consulta y consentimiento –en violación al Convenio 169 de la OIT–, así como por la articulación creciente de la resistencia social avivada por la prohibición al pueblo Lenca del uso de las aguas del mencionado río (a principios de 2013), la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial retiró el estatus de financiamiento activo en diciembre de 2013. También se retiraría la empresa Sinohydro.
Pese al cierre de la carretera que lleva al lugar de la obra y al emplazamiento de la policía militar en la región, el proyecto reporta alrededor de un 15% de avance. El caso, según se ha denunciado en múltiples ocasiones, ha estado plagado de la violación de derechos humanos, de racismo, criminalización, impunidad y sangre pues a la muerte de Berta Cáceres le antecede el asesinato, por parte de militares hoy día absueltos, del también integrante del COPINH, Tomás García Domínguez, y el intento de homicidio de Allan García, hechos ocurridos el 14 de julio de 2013.
El asesinato selectivo de luchadores socio-ambientales como el de García y Berta Cáceres, es el recurso más atroz para desarticular la conciencia social localizada, es decir, la que se construye con la praxis de los pueblos en sus propios territorios. Se trata de una constante de los procesos de criminalización social y de lo que se puede calificar como ingeniería del conflicto por parte de aquellos intereses político-económicos abocados al despojo y explotación de la naturaleza. Dado que tales proyectos demandan la transformación de los territorios para tornarlos “competitivos”, es decir, funcionales a la acumulación de capital, no en pocas ocasiones las consideraciones ambientales y sociales quedan en segundo término o simplemente son descartadas, de ahí que ante la creciente apropiación de la naturaleza por parte del capital, se verifique, por un lado, una mayor erosión de los ecosistemas y, por el otro, la emergencia de nuevas lógicas de expulsión(Sassen) que afianzan las asimetrías sociales entre los pocos que tienen acceso a los beneficios derivados del sistema de producción imperante y el grueso de la población a la que no sólo se le niega el acceso a tales beneficios, sino que además, se le hipoteca su presente y futuro dada la socialización permanente de los costos generados –tanto económicos como socioambientales.
Cuando los pueblos confrontan tales dinámicas, defendiendo su territorio, así como la naturaleza, las relaciones sociales comunitarias y sus identidades histórico-culturales, la ingeniería del conflicto entra en acción, recrudeciéndose conforme la articulación de los pueblos se fortalece, y en directa relación con la dimensión del negocio e intereses en juego. Este es el caso del pueblo Lenca cuya defensa del territorio incluye también la oposición a otros proyectos hidroeléctricos aguas arriba como el Blue Energy en el río Cangel el cual es financiado por capitales estadounidenses y canadienses.
La muerte de Berta Cáceres confirma preocupantemente el incremento de los asesinatosselectivos en Honduras y América Latina vinculados a la territorialización del capital, sea en proyectos hidroeléctricos, mineros, de monocultivos, o de otra índole. En su informe How many more?, Global Witness (abril de 2015) contabilizó la muerte de 116 activistas ambientales en 2014; tres cuartas partes registradas en Centroamérica y Sudamérica. A ello súmese las decenas de asesinatos de líderes ambientales en México. Los “mártires de la resistencia ambiental”, a decir de Víctor Manuel Toledo (Ecocidio en México), incluye a Francisco Quiñones asesinado en 2006 (Minera Peña Colorado, Jalisco), a Mariano Abarca (2009 – Minera Blackfire, Chicomuselo, Chiapas), Betty Cariño (2010 – Copala, Oaxaca), Ismael Solorio Urrutia y Manuelita Solís Contreras de El Barzón-Chihuahua (2012 – Namiquipa, Chihuahua), Javier Torres Cruz de la Organización de Campesinos Ecologistas (2013 – Sierra de Petatlán, Guerrero), María Edy Fabiola Orozco de Guerreros Verdes A.C. (2013 – Laguna Coyuca, Guerrero), entre muchos más. Estas pérdidas humanas son tan sólo una fracción del total de homicidios cometidos en México y que según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas suman, de 2006 a agosto de 2015, más de 151 mil, ello además de las 26,798 personas “no localizadas” que son reconocidas, a diciembre de 2015, por el Estado Mexicano (Situación de los derechos humanos en México, CIDH, 2015).
Tal escenario, cuando menos doloroso y éticamente inaceptable, es uno de los efectos del modus operandi de las mencionadas formaciones predatorias propias del capitalismo de fines del siglo XX y lo que va del siglo XXI y que, a decir de Sassen “muy frecuentemente tienden a producir brutalidades elementales”; léase la ya mencionada violación de los Derechos Humanos, la criminalización de la protesta, el homicidio y el ecocidio.
El caso de Agua Zarca desgraciadamente encuentra reflejos en el territorio nacional. Con sus diferencias y particularidades, las formaciones predatorias en México operan con creces y bien podrían verse reforzadas aún más con la eventual aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales que al parecer ya se prepara para su pronta discusión en el Legislativo.
Ante ello y de cara al asesinato de los y las muchas Cáceres en América Latina se refrenda la necesaria defensa, cada vez más articulada, de la vida, esto es, la vida en su sentido más amplio, tanto de los territorios, su biodiversidad y sus pueblos, como de cada uno de los luchadores sociales que pacíficamente pugnan por un mundo mejor para todos y que concretamente toma cuerpo en la imaginación y construcción colectiva de territorialidades para la vida digna y justa.
En la Sierra Norte de Puebla, por ejemplo, se lleva a cabo una lucha contra las hidroeléctricas, las mineras y el fracking.
En este sentido es pues imperante el resguardo de la integridad física y psicológica, así como el retorno inmediato a México, de Gustavo Castro Soto, activista mexicano de Otros Mundos A.C., quien también fuera víctima, no mortal, y testigo del asesinato de Berta Cáceres(aparentemente dado por muerto por los homicidas). La urgencia de este llamado público es obvia, más aún cuando su salida rumbo a México fue bloqueada por autoridades hondureñas este 6 de marzo en el aeropuerto de Tegucigalpa sin que los fundamentos legales para ello sean de conocimiento público.
