La mina de oro en Tetela perjudicará medio ambiente y economía en la región: Delgado

Por : Martín Hernández Alcántara
La Jornada de OrientePuebla, Puebla. 18 de Junio de 2012.
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La eventual apertura de una mina para la extracción de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Tetela de Ocampo supone efectos perjudiciales para el medio ambiente y la población de la región, porque ese tipo de industrias tiende a acabar con los mantos acuíferos –debido al gran cúmulo de agua que demandan– y suelen utilizar cianuro en sus procesos, elemento que es liberado sin control, causando daños irremediables a la tierra y, por tanto, a la producción agrícola.

Lo anterior fue advertido por Gian Carlo Delgado Ramos, miembro del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El especialista en temas de agua y nanotecnología manifestó en una entrevista que Puebla es un estado que históricamente se ha enfocado a la explotación de yacimientos de materiales pétreos, comúnmente usados para la construcción, como la grava y arena.

Según un informe de la Secretaría de Economía el año pasado, en Puebla existen 164 títulos  de concesión para 31 mil 310 hectáreas en producción minera. Hay un total de 443 mil 693 hectáreas disponibles para la exploración, es decir, para saber si hay recursos factibles de ser aprovechados por la industria.

“Lo que se está viendo es que en los últimos años en Puebla coincide con la dinámica nacional: la superficie concesionada está aumentando en el país para exploración y para explotación y aquí lo fuerte es que en realidad lo que se tiene es 3.8 por ciento de la superficie concesionada para la explotación, y lo que se viene es el resto”, es decir 76.4 por ciento, advierte el investigador. NOTA: (debe decir que del total de superficie en concesión, la que está en fase de exploración es equivalente al 93%).

El mes pasado, la asociación civil Comité Tetela Hacia el Futuro denunció que una empresa pretende iniciar la explotación de yacimientos de oro y plata a cielo abierto en esa región, lo que resultaría en consecuencias nocivas para el ecosistema y la economía de la población.

Delgado Ramos investigó sobre el asunto y descubrió que “la concesión es de alrededor de 10 mil hectáreas que se le da a Frisco”, una empresa del Grupo Carso, el consorcio de Carlos Slim Helú.

El académico señaló que “el tema no es la vieja minería de pico y palas, sino la gran minería que utiliza grandes maquinarias, yucles que mueven arriba de 50 toneladas o más (hasta 400 toneladas por carga) y que te pueden procesar cientos de toneladas diarias de material. Además, está el proceso químico a base de cianuro, un compuesto altamente tóxico que afecta los mantos freáticos”.

Otros estragos de la industria del oro y la plata es que normalmente se expropia la tierra a sus propietarios o se presumen concesiones que no cuentan con el aval de los dueños de los lotes.

Una vez concesionada la superficie, toda la actividad minera se hace a puerta cerrada, incluso las autoridades tienen que avisar que harán una inspección, pues no pueden ingresar de manera sorpresiva, so pretexto de que su presencia debe ser anticipada para establecer medidas de seguridad.

A las restricciones para auscultar el trabajo de las mineras, hay que agregar que los informes que éstas rinden al gobierno son prácticamente discrecionales, pues son las compañías las que reportan sus volúmenes de producción sin que se pueda confirmar la veracidad (o precisión) de los datos, abunda el especialista.

“El problemas es siempre para la tierra y el acceso al agua. Las grandes producciones de minerales requieren de grandes cantidades de agua, normalmente acaparan la mayoría del agua, dejan a las poblaciones cercanas sin agua, se agotan las aguas superficiales y subterráneas. El proceso requiere mover grandes cantidades de roca, estamos hablando de tajos a cielo abierto, estamos hablando de medio gramo más o menos de oro por tonelada extraída (...) el tema es que remueven toda esta cantidad de roca y más de la mitad –estamos hablando de entre  55 y 60 por ciento de la roca removida– se parte, se tira, es roca que no tiene mineral y esto libera algunos ácidos”, expresa el investigador.

Y añade: “algunas empresas mineras han reconocido explícitamente que en el proceso de baño de agua con cianuro –que se supone es un ciclo cerrado– hay pérdidas por evaporación de hasta 30 por ciento. Esto tiene implicaciones tremendas, pues se desconoce el impacto a la biodiversidad, el impacto de la contaminación de suelos y de agua, principalmente por cianuro, pero también por otros agentes”.

“Las dimensiones ambientales de la extracción de oro son visibles cuando se toma nota de que la producción de un gramo de oro demanda el uso de 540 mil gramos de insumos, al tiempo que genera hasta 7 millones de gramos de desechos (el grueso roca no mineralizada, jales y agua contaminada en diversos grados). De modo similar sucede con la plata pero dado que su explotación es sólo viable en concentraciones mucho mayores, la intensidad de insumos demandados y el impacto generado son comparativamente menores: los insumos demandados ascienden a 7 mil 500 gramos y la cantidad de desechos en no menos de 100 mil gramos por gramo de plata obtenido. Desde luego los datos son promedios internacionales y puede haber variaciones por arriba o por abajo de tales números” agrega.

Pero los perjuicios trascienden al mero proceso de explotación: “cuando la minera se va, se supone que debe hacer secciones de remediación y de preparación del sitio para su clausura, pero lo que sabe es que esos sitios hay que mantenerlos por años. Por ejemplo, uno de los datos importantes es que una vez cerrada la industria todas las camas de roca que fue rociada con cianuro hay que rociarlas con agua potable o agua pura por más de dos años para seguirlas lavando y aminorar la concentración de cianuro, de eso estamos hablando.  Toda esta agua que queda contaminada con cianuro y con metales pesados y otros compuestos como el zinc, que se utiliza mucho para la amalgamación, todos estos materiales acaban en estas aguas residuales que ahí se quedan y el gobierno y los pueblos son lo que lo tienen que remediar”.

Delgado agrega que muchas veces el gobierno deja a su suerte a los habitantes de las sus comunidades.