Sergio Carpenter* - Especial IADE / Realidad Económica
Argentina, octubre de 2010.
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Esa cordillera esplendorosa, esa fecunda roca vertical andina está en el centro del debate público. Es que enormes inversiones privadas extranjeras han puesto el ojo allí con un decidido interés por arrancar sus frutos y llevarlos al mercado. La contrapartida es una creciente expresión ciudadana que parecerá decirle no a la minería o más bien no a cierta mega minería. La reciente sanción de la ley de Glaciares parece ir en la misma dirección. Otra muestra del interés público por el tema lo constituye la organización del Foro Minería y Sociedad organizado por la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), que comenzó a realizar actividades durante este año y cuyo nudo central tuvo lugar entre el 14 y el 15 de octubre último(1). Esa universidad aceptó los dineros distribuidos por YMAD derivados de la obtención de ganancias por la explotación aurífera de La Alumbrera en Catamarca, pero condicionados a que los fondos fueran utilizados con exclusividad al fomento del debate minero. Y así lo hicieron.
“Valiente” es el primer adjetivo que le cabe al Rector de la UNSJ Benjamín Kuchen y a la Comisión Organizadora del Foro(2), que sufrieron el ninguneo de los medios de comunicación y la orquestación de diversas campañas en contra de su realización. Pero a pesar de ello se aseguró el éxito organizativo de la actividad que contó con la presencia de profesionales e intelectuales de renombre nacional e internacional. Se coloca así a la universidad pública en un rol fundamental, ser una caja de resonancia de las distintas visiones y disciplinas que intervienen en una temática con alto voltaje público. En San Juan, la universidad es un ejemplo a emular por sus pares nacionales.
La Minería a Cielo Abierto es un fenómeno relativamente reciente, que se abre camino esencialmente desde la década de los 70. El avance tecnológico posibilitó la explotación de minerales presentes en bajas concentraciones. La minería del oro lo hace utilizando cianuro, agua y energía en forma intensiva, además de enormes cantidades de explosivos. En América latina, existe una oleada de inversiones mineras que focalizan el objetivo en los metales y también en minerales necesarios en las industrias tecnológicas, de telecomunicaciones.
La expansión de las inversiones en la Argentina necesitó de importantes cambios en su legislación. Esto lo hizo posible el gobierno de Carlos Menem, que modificó el código minero e impulsó la ley de inversiones mineras. Si se compara dicha legislación con la impulsada en 1973, resalta el sesgo privatizador propuesto para la actividad en los noventa. En la Argentina, además, se aprobó el Tratado Minero Argentino Chileno firmado por los presidentes Menem y Frei en 1997, entelequia jurídica de carácter único en el mundo. Julián Alcayaga(3) remarca las características de dicho acuerdo: “crea una región de más de cuatro mil kilómetros de largo por 200 de ancho, en donde ni argentinos ni chilenos tienen jurisdicción. Es el reinado de las corporaciones mineras internacionales con intereses en nuestra cordillera, es el país virtual”. Denuncia, además, el reconocimiento que efectuó el principal abogado de la minera Barrick Gold -omni presente en el San Juan de hoy- en una comida en donde asistió en calidad de asesor del ex senador chileno Jorge Lavandero: “nosotros hicimos el Tratado”. El boom de proyectos mineros que hay en la Argentina fue precedido por la compra de numerosas minas a bajo precio, con anterioridad a la firma del Tratado. Es inmediato deducir uso de información privilegiada. Sin embargo, Alcayaga enfatiza que el principal objetivo del tratado minero no se está cumpliendo, puesto que en un dictamen del Tribunal Constitucional de Chile se prohíbe expresamente la servidumbre hacia el Pacífico de minerales con origen en Argentina.
El peruano Rodrigo Ruiz Rubio dejó atónitos a muchos de los presentes al mostrar un video de un discurso de Alan García abogando por la concesión de tierras a las empresas mineras y petroleras. Y más aún cuando desplegó los mapas que identifican las zonas efectivamente privatizadas del Perú: 49 millones de hectáreas. Increíble pero cierto. El mexicano Gian Carlo Delgado Ramos explicó el porqué de tanta avidez, desde una perspectiva latinoamericana. Lo que está en juego es la transgresión de los límites biofísicos, de la mano de un modelo extractivista de enclave, donde el “negocio” no se queda en nuestras tierras sino en las economías desarrolladas. El contexto es un patrón de acumulación de capital que exige que los ciclos de consumo sean cada vez más rápidos, y por ende exigen más y más minerales.
El desarrollo fue tema también de debate. Nicolás Gutman identificó tres modelos mineros: el australiano, el brasileño o chino; y el del Perú o de la Argentina. El primero, con cánones impositivos elevados e identificación de los destinos de dichos fondos; el segundo, con fuertes empresas mineras nacionales; y el tercero, con empresas extranjeras y bajo o nulo pago de impuestos. En este último caso, prácticamente no hay control estatal. En la Argentina, el pago de impuestos y las mal llamadas “regalías” (a las provincias) es sumamente bajo, existiendo frondosos mecanismos de excepciones y ventajas a los inversores mineros que no tiene parangón respecto de cualquier otra actividad. El Ing. Héctor Cevinelli(4) presentó un detalle de las mismas, recalcando que “las leyes de inversiones mineras son benévolas para los capitales externos” y que ello debería modificarse “no para que no haya minería sino para que quede una renta justa para la Argentina”. Por lo demás, varios expositores hicieron mención a dos hechos característicos e insólitos: los impuestos se pagan sobre la base de la producción que resulta denunciada por medio de una declaración jurada de las compañías mineras. La segunda cuestión refiere al levantamiento de la obligación de liquidar las divisas en el país. Gutman agrega que ello, combinado con que los bienes de capital son importados, da como resultado que el nivel de exportaciones resulta irrelevante, es un valor que prácticamente no aporta al país más que el pago de salarios a los trabajadores argentinos. “Esto es lo más parecido a Potosí”.
Pero no todo fue crítica. Para Hugo Nielson(5) el negocio minero representa una oportunidad para la Argentina. El argumento está basado sobre que es una actividad que genera “desarrollo” y que el mundo observa un aumento fenomenal en el precio de los metales que el país debe aprovechar ya, atento a la incertidumbre en el precio de los mismos. La actividad generaría hoy unos 300.000 puestos de trabajo, esto contando el empleo indirecto. Marcelo Giraud(6) me hace unas preguntas al respecto: ¿cómo se realizó dicho cálculo? Si Chile, que produce 8 veces más, declara unos 165.000 trabajadores, algo no cierra. A Gutman también le llama la atención esa cifra y otras por el estilo publicadas recientemente en una solicitada de las cámaras empresariales mineras “si se contabiliza hasta el catering de empanadas que suben a la mina, las cifras puede ser cualquier cosa”.
“La minería trata de dinero y de poder” soltó al auditorio Robert Moran, Geoquímico e Hidrogeólogo estadounidense de reconocimiento mundial, en una de las más destacadas intervenciones en el Foro. Una ciudadanía informada y conciente de las consecuencias mineras puede limitar ese poder. Hizo un recorrido fotográfico de su experiencia en cientos de establecimientos mineros. El corolario de su muestra denuncia a las claras las dificultades ambientales que tiene la minería. Javier Rodríguez Pardo le preguntó sobre las consecuencias del cianuro, a propósito de un intercambio de opiniones con el Ing. Bellini(7), quién se quejó de que el primero sacó de contexto una afirmación suya respecto de la imposibilidad de tratamiento residual del cianuro, aunque con un argumento difuso. Moran confirmó que a pesar de que es posible controlar sus efectos inmediatos, sus consecuencias son eternas.
Otro aspecto medular a las explotaciones megamineras se vincula con el problema del agua. En otra destacada exposición, el experto Pedro Arrojo(8), sostuvo que “en materia de aguas, es preciso distinguir distintas categorías éticas en los diversos usos y funciones del agua, estableciendo los pertinentes criterios de gestión desde la prioridad de garantizar el derecho humano al agua potable y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, como agua-vida, por encima del agua-economía para usos productivos legítimos”. También arguye que “la ciencia económica viene insistiendo en la necesidad de integrar los impactos y riesgos ambientales y sociales en los balances de racionalidad y rentabilidad económica. No hacerlo es beneficioso para las empresas implicadas, pero sobre la base de cargar esos costes sobre el erario público, sobre las poblaciones y especialmente sobre los sectores sociales más débiles y vulnerables”. También dejó traslucir cierto optimismo al decir que “la finitud del planeta se impondrá sobre los delirios productivistas”.
Otras exposiciones, como la del abogado Enrique Viale, con solvencia en el derecho ambiental, y la de Javier Rodríguez Pardo, de reconocida militancia ambientalista, contribuyeron a enriquecer el abanico de voces que hay que escuchar en la temática. La peruana Ana Isla, investigadora de la Brock University de Canadá, mencionó que ese país es la casa matriz de las compañías mineras y petroleras más importantes. Puntualiza que existe una ausencia de un sistema global regulador de la actividad que haga que las compañías se responsabilicen por sus operaciones, sobre todo en países con gobiernos débiles. Lamentablemente, Canadá tampoco tiene el deseo de regular dichas operaciones, que se caracterizan, entonces, por un clima de “impunidad efectiva”.
La sensación que nos queda finalmente, es que la temática minera supera ampliamente la dicotomía si/no a la minería. Hoy, el modelo minero de la Argentina parece sesgado hacia los intereses de las grandes corporaciones mineras, cuyo poder en muchos casos va por encima de los poderes republicanos. En el mismísimo Foro se comentó el “basureo” sufrido por un Juez de la provincia de San Juan en su intento de ingresar al territorio de la mina Veladero. Pudimos escuchar las peripecias de los abogados de la Fundación de Ciudadanos Independientes en su intento de años y años por conseguir información sobre dicha mina, aun infructuosos; o a los agricultores y viñateros planteando la incertidumbre sobre su actividad. Delgado Ramos mencionó una ola de asesinatos de autoridades políticas y militantes sociales en México, opositores al poder de las empresas mineras. En Realidad Económica N° 247 , dos jóvenes investigadores argentinos muestran la matriz minera en el golpe de estado que destituyó al presidente de Honduras, quién tenía la decisión de aumentar el canon minero. Algo parecido le ocurrió recientemente a Kevin Rudd, ex Primer Ministro de Australia, a quién su férrea intención de cobrar mayores impuestos a la actividad le costó su elevado cargo político. En fin, un sin número de ejemplos que no hacen más que inspirar un enorme desafío: determinar un rediseño de la actividad para hacerla consecuente con los intereses nacionales y particularmente con los intereses ciudadanos. La riqueza minera debería ayudar al desarrollo del país, meritando los impactos económicos, sociales y ambientales que trae aparejada la actividad. Si el saldo de esos impactos es negativo, mejor será que quede “dormida” bajo nuestros pies esperando un mundo que ya no la necesite, un mundo menos consumista, más altruista.
Notas
1 Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/
2 Dicha comisión verificó varias “bajas” de integrantes. Ver http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/integrantes.php
3 Presidente de la Comisión en Defensa y Recuperación del Cobre (Chile).
4 Profesor de la UNSJ.
5 UNSAM, Secretario General de OLAMI Internacional y OLAMI Argentina.
6 Geógrafo. Disertante junto a César Gioja en la primer actividad del Foro (8/6/10). Sus puntos de vista pueden ser consultados en Realidad Económica Nº 248.
7 Vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.
8 Universidad de Zaragoza. Desde el 2009, dirige la Exposición “Agua, Ríos y Pueblos”. Miembro del Consejo del Agua de la Cuenca del EBRO y del Comité MAB - UNESCO.
