por Silvina María Romano y Gian Carlo Delgado
Rebelión. 28 de agosto de 2010.
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El discurso del Departamento de Estado durante la gestión Obama se centra en la diplomacia de las “Tres D” (defensa, diplomacia y desarrollo). En un discurso reciente, la Secretaria de Estado, Hillary R. Clinton, aseguró que se está cambiando hacia la aplicación de “poder inteligente”, esto es, “…de una aplicación directa de poder hacia una aplicación de poder más sofisticada que implica una delicada fusión entre influencia y poder (…) que requiere paciencia y persistencia, porque las aplicaciones indirectas de poder e influencia requieren tiempo” (Clinton, 2010).
De cara a ello y de acuerdo con información publicada por el New York Times y luego por un abanico de fuentes que da a conocer el contenido de una “directiva secreta” firmada por el General Petraeus, comandante del Comando Central del Pentágono en diciembre de 2009 (léase: Mazzeti, 2010), la estrategia de política exterior del gobierno de Obama otorga un rol clave a la intervención militar (cubierta y encubierta) en territorios que no están en guerra convencional con Estados Unidos, pero que resultan estratégicos para los “intereses” y la “seguridad nacional” estadounidenses, dentro de los cuales se encuentran algunas zonas y países de América Latina.
Para lograr lo anterior, se indica, se buscará mayor comunicación con las fuerzas armadas locales y grupos que puedan ser de ayuda para “desmantelar las redes terroristas”, de modo que se unifican las fuerzas. El dato fundamental es que esta directiva habilita a los tares a llevar a cabo este tipo de operaciones, cuando hasta el momento eran la CIA y otras agencias de espionaje “civiles” las únicas capaces de implementar esas actividades en territorios que no se encuentran en guerra con Estados Unidos.
Consideramos que lo anterior es de gran relevancia por las implicaciones de lo que se podría denominar, siguiendo a Clinton, como la proyección “inteligente” de la Pax Americana en Latinoamerica. Ello en términos de una mayor injerencia estadounidense en la región, no sólo con una mayor presencia -formalizada o clandestina- de fuerzas de seguridad, no además hacia adentro de las estructuras de desición gubernamentales del grueso de los países latinoamericanos (especialmente encargadas de aspectos legales, judiciales y de seguridad interna y externa); de la agudización de la transferencia de excedentes y de recursos naturales estratégicos, y con ello, de la criminalización de movimientos sociales que se resisten el saqueo; entre otras implicaciones como la exportación de experiencias en la región hacia otros países periféricos del planeta.
Una de las razones por las cuales se fomenta la intervención de las fuerzas de operaciones especiales es la de promover la “actividad militar clandestina en países amigos y enemigos”. Es fundamental recordar que los operativos secretos/encubiertos en épocas de paz fueron inaugurados con la Gerra Fía y con la creación de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional (fundadas por medio de la Ley de Seguridad Nacional de 1947). El objetivo primordial de esta Ley consistió en legalizar la implementación de operaciones encubiertas (vinculadas a la presión económica, política y psicológica) en tiempos de paz, para garantizar la “paz mundial y la seguridad nacional de Estados Unidos”, teniendo en cuenta la “amenaza del avance soviético” (United States Department of State. Psychological and Political Warfare 1945-1950. Docs. 257). Como queda de manifiesto en los documentos que dan cuenta de la fundación de la estructura de inteligencia, si bien hasta ese momento resultaba injustificable el “espionaje” a menos que se llevara a cabo en el marco de una guerra, la situación internacional de posguerra “obligó” al gobierno estadounidense a recurrir a mecanismos encubiertos para acceder a información que “no podía ser obtenida por otra vía” y que resultaba crucial para la seguridad nacional estadounidense (United States. Department of State. Founding the National Intelligence Structure. Doc. 29).
La nueva agencia encargada de centralizar las actividades de inteligencia (la CIA) “estaría autorizada para llevar a cabo, sólo en el extranjero, servicios de espionaje, contraespionaje y operaciones especiales (incluyendo acciones morales y psicológicas) orientadas a anticipar y contrarrestar cualquier penetración y subversión perpetradas por acciones enemigas que pongan en peligro nuestra seguridad nacional” (US. Department of State. Founding the National Intelligence Structure. Doc. 3).
La conveniencia de implementar operativos encubiertos se repite hoy por hoy en la mencionada directiva secreta, que plantea la necesidad de llevar a cabo actividades militares clandestinas en aquellos casos donde no darían resultado los operativos militares convencionales, ni tampoco los operativos de inteligencia inter-agencia. Lo que debe señalarse aquí, es que se le otorga a los militares la posibilidad de implementar actividades clandestinas, y precisamente una de las disputas más claras en el proceso de construcción de la estructura de inteligencia (durante la década de 1940) fue la referida al rol de los civiles y los militares; quién tendría control sobre quién. En este sentido, se recomendaba que los operativos encubiertos en tiempos de paz, debían llevarse a cabo en el marco de organismos civiles y no de instituciones militares (US. Department of Statae, Psychologycal and political Warfare. Doc. 280). Más allá de las disputas administrativas, lo cierto es que, en la posguerra, la cúpula militar era el sector predominante de la elite del poder estadounidense, lo cual condujo a la denominada “militarización de la política” vinculada asimismo al crecimiento del complejo “militar-industrial” que garantizó la expansión del capitalismo de Pentágono o capitalismo monopólico de posguerra. Es así que el rol primordial que adquieren las fuerzas militares en el marco de la mencionada directiva no debería sorprender.
Con base en tales reformas institucionales y en el contexto de guerra fría, el Estado norteamericano se arrogó el derecho a intervenir de modo directo e indirecto en diferentes países (especialmente en la periferia) en nombre de los valores occidentales (la paz, la libertad y la democracia). Es bien conocida la intervención de la CIA en la desestabilización y derrocamiento de los gobiernos de Arbenz, Goulart y Allende, sin mencionar, por supuesto, los intentos de derrocamiento del régimen cubano.
Una de las discusiones actuales al interior de las reparticiones del gobierno estadounidense es que, a diferencia de los operativos de la CIA, los operativos de las fuerzas de operaciones especiales –del Departamento de Defensa– no necesitan la aprobación del presidente ni deben informar regularmente al Congreso. Esto le una clara autonomía a la fuerza militar frente al poder civil y es ciertamente peligroso. No obstante, es fundamental recordar que a pesar de las normas y límites pautados para el funcionamiento de la CIA, está claro que esta agencia no siempre enviaba los informes al Congreso, como quedó en evidencia en el operativo del derrocamiento de Salvador Allende, documentado en el Informe Church (Church Report, II.C.2: 1975).
Tal “reasignación” de atribuciones y tareas entre el cuerpo civil y el militar genera tensiones entre el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA, en lo relativo a cuál de estas agencias tendría mayor injerencia en zonas donde no haya guerra, al menos convencional. También pone en duda la efectividad de la CIA en tanto que las fuerzas de operaciones especiales vendrían a cubrir las “brechas” o “lagunas” en inteligencia no cubiertas por la Agencia. No obstante las tensiones al interior del gobierno estadounidense, lo que debe preocupar a los demás países es que ya no serán solamente la CIA y las “otras agencias de espionaje” las encargadas de coordinar los operativos encubiertos (algo que en sí mismo no es nuevo), sino que las mismas fuerzas armadas estadounidenses tienen la capacidad de intervenir por medio de estos operativos encubiertos en “asuntos internos” de otros Estados con los que no se está en guerra. Es decir, se da un paso más hacia la intervención “directa”. Por tanto, hacia adentro de Estados Unidos el problema es quién controla a quién, mientras que hacia afuera cada vez se amenaza más la soberanía de los otros Estados-naciones, sea por parte de la CIA, sea por medio de las fuerzas de operación especial.
Lo que debe quedar claro es que Estados Unidos aprueba (e implementa) la intervención directa a través de la expansión de su fuerza militar “en aquellos espacios donde no hay guerra”, con lo cual es probable que se “incentive” la guerra en cualquiera de sus modalidades, sobre todo la de baja intensidad y desde luego del uso del “asesinato selectivo” (targeting killing), medida que se hace cada vez más presente en los operativos gubernamentales de inteligencia contra el “terrorismo”, tanto en contextos de paz como de conflicto declarado, y ante la cual el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya ha mostrado preocupación pues se están adoptando políticas en ciertos países (e.g. EUA, Israel, Rusia) para adoptar formalmente tal medida al tiempo que se rechaza cualquier conocimiento de su existencia (Naciones Unidas, 2010).
Ahora bien, estos operativos de fuerzas especiales suelen ir acompañados de mecanismos de presión y desestabilización a nivel económico (presionando a favor de la liberalización de los mercados) y políticos (imponiendo la democracia liberal procedimental como única alternativa legítima de gobierno). Un ejemplo de esto aparece en la directiva de septiembre de 2009, cuando se advierte de que será posible un golpe de Estado en Irán si se agravan las tensiones por la escalada nuclear.
Además de los operativos encubiertos mencionados se retoman otras tácticas implementadas por el Estado norteamericano durante la Guerra Fría. Por ejemplo, el objetivo global de las fuerzas de operaciones especiales es articular redes para “penetrar, obstaculizar, vencer o destruir” las fuerzas de al-Qaida y otros grupos militantes (Mazzeti, 2010). Esta meta encarna en sí misma una especie de fusión entre el discurso de la cruzada contra el comunismo, tal cual fue expresada en el famoso National Security Council Paper Nº 68, y los principales lineamientos de la lucha contra la subversión en América Latina, que –según la administración Kennedy– era impulsada por Castro desde Cuba (United States Department of State. Foreign Relations. 1961-1963. Vol XII. Doc. 15). Esto queda claro si consideramos que las tácticas de guerra no convencionales, que son la base de las fuerzas de operaciones especiales, se asemejan a las advertencias del establishment de Kennedy con respecto a la “subversión” en América Latina, centradas en el desarrollo e implementación de tácticas de guerra diferentes a las convencionales, orientadas a sostener una “guerra limitada” a los fines de enfrentar la guerrilla, la insurgencia y la subversión. Para ello se requería capacidad de movimiento y flexibilidad, orientada a contrarrestar las “amenazas limitadas”.
Otro de los objetivos de las fuerzas de operaciones especiales es el de “reunir información sobre inteligencia y construir lazos con las fuerzas locales”. Por cierto, esta función hasta el momento era parte de las atribuciones de la CIA, al menos en lo que se refiere a América Latina. Un claro ejemplo fue la Operación Cóndor, un plan de desapariciones y torturas implementado por los gobiernos del Cono Sur para “aniquilar la subversión” durante la década de 1970. Una de las metas de este operativo era la de mejorar los mecanismos para compartir y distribuir la información sobre la “subversión” entre las fuerzas armadas de países del Cono Sur, operando particularmente en la frontera. Este plan contó con especial apoyo de la CIA que “facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región (…) El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial” (Calloni, 1998).
Dicho esto, se vuelve a señalar que hacia afuera de Estados Unidos lo que preocupa no es tanto “qué institución” es la que se encarga de los operativos encubiertos, sino el poder de Estados Unidos para implementar estos operativos donde y cuando considere necesario, a la par de la posibilidad de estimular sin discreción la intervención militar directa.
A tal presencia directa de fuerzas especiales o de agregados militares se suma la injerencia en el entrenamiento de las fuerzas militares y de seguridad de los países “anfitriones” y la “modernización” o “reforma” de su sistema judicial por la vía de programas de asistencia al combate al narcotráfico, acciones promovidas por el Departamento de Defensa, pero también por el Departamento de Estado y la Agencia de Coperación Internacional de EUA (USAID) desde que se promulgó la Ley de Asistencia Extranjera en 1961. Esta última, entre diversas acciones que pueden calificarse de injerencia a la soberanía nacional, se reconoce útil para “apoyar ciertas iniciativas de Ley” (Seelke et al, 2010). Se suman otras entidades del gobierno estadounidense como el Departamente de Justicia y contratistas privados (parte de la neoliberalización del propio aparato de seguridad de EUA), todo en un inmenso contexto de financiamiento que sumaba ya, de 1980 al 2008, más de 13.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe (Ibid).
El escenario futuro promete aumentar la injerencia de EUA por la vía de la propuesta de cambio a Ley de Asistencia Extranjera de 1961 para requerir a la Secretaría de Estado que entregue al Congreso un informe sobre una Estrategia Antinarcóticos Interamericana. Asimismo se sugiere que el Departamento de Estado se enfoque más a la asistencia en fortalecer las instituciones civiles de los países anfitriones (Ibid). Ello significa, “libre camino” al Departamento de Defensa para realizar los operativos antinarcóticos, antiterroristas y antiinsurgentes, muchos de los cuales serán de carácter clandestino y/o secreto. La guerra contra la insurgencia, el terrorismo y el narcotráfico se mezclará aún más con el asesinato de inocentes y la “limpieza” selectiva de líderes sociales, como ya sucede en México. Y es que en los últimos dos años, México acumula más de 23.000 muertos asociados a operativos antinarcóticos pero que incluyen inocentes (Finnegan, 2010), al tiempo que se perfila como el país más peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos y los movimientos sociales. Sólo en los últimos seis meses han sido asesinados líderes opositores a proyectos mineros en Chiapas y Oaxaca; líderes sociales de las comunidades triquis en Copala, Oaxaca; ecologistas defensores de los bósques en el estado de Morelos; entre otros más. Mientras tanto, sólo el costo económico del escenario actual de inseguridad se ha disparado a niveles absurdos y ciertamente insostenibles en medio de una creciente y aparentemente imparable polarización de la riqueza (México tiene al hombre más rico del mundo según datos de Fortune 2010). Así es que la inseguridad ya cuesta alrededor del 15% del PIB según ciertas apreciaciones.
Precisamente una de las preocupaciones con respecto a los pequeños grupos de militares estadounidenses desplegados en diferentes países de Asia, Oriente Medio Oriente y África que desarrollarán actividades de inteligencia y espionaje, es que en caso de ser detenidos podrían ser tratados como “espías”, quedando sin efecto lo dispuesto por la Convención de Génova con respecto a la protección de soldados prisioneros. Es por ello que probablemente los acuerdos de seguridad bilaterales adquieran un rol fundamental, ya que incluyen (no en todos los casos) la inmunidad para los soldados estadounidenses en el país con el cual se firma el acuerdo.
Otro dato fundamental en este contexto, es que en la gira realizada por el secretario de Defensa, Robert Gates, por América Latina en abril de 2010 se remarcó claramente la necesidad de garantizar la seguridad interna, tal cual lo recomendó Gates a los militares peruanos en los siguientes términos: “…deben reestructurarse para focalizarse más en los desafíos internos” (Salas, 2010). Esa frase no puede pasar desapercibida si recordamos los resultados de la Doctrina de Seguridad Interna impulsada por el gobierno de Kennedy, y el rol que aquella brindaba a los militares en nombre de la “estabilidad” y la “democracia”: “Las políticas militares y programas existentes para la seguridad de América Latina tendrán que ser modificados para abordar el cambio de naturaleza del problema de la seguridad, otorgando prioridad a la seguridad interna, prestando mayor atención a los programas militares que contribuyan al desarrollo económico y reforzando los gobiernos representativos, al tiempo que debe mantenerse una estrategia para asegurar el hemisferio de ataques externos” (US Department of State, 1961-1963, Vol XII. Doc. 76).
Considerando que la doctrina de seguridad interna preparó el terreno para la mayor parte de los golpes de Estado de las décadas de 1960 y 1970 en América Latina, no es un mero detalle que las fuerzas de operaciones especiales tengan por objetivo “…preparar el contexto para futuros ataques por parte de fuerzas militares estadounidenses o locales”. Así pues, queda claro el recrudecimiento del rol fundamental de las fuerzas militares en términos políticos.
Por lo aquí expuesto y de cara a la compleja situación por la que cruza América Latina, se observa clara y urgentemente la necesidad de reconstruir el tejido social en aquellos países donde la Pax Americana ha logrado calar más en los últimos años, claramente caso de México, Colombia y Perú, pero también de aquellos países donde a pesar de existir proyectos alternativos de una u otra índole aún batallan con la oligarquía interna, su poder y sus vínculos externos como es el caso de Ecuador. La resistencia social y la construcción de cuadros jóvenes es vital para proyectos como los impulsados en Venezuela, Bolivia y ciertamente Cuba. Pero en general, urge romper –al menos parcialmente en un principio- los vínculos subordinantes de la región tanto en términos económicos, otorgando un rol estractivista de enclave (o maquilador en el mejor de los casos), como en lo referente a la seguridad interna y el control social. Desde luego es preciso indicar la importancia de los ejericicios de gobiernos alternativos y de la imperiosa necesidad de tomarse en serio la posibilidad de una integración latinoamericana de los pueblos y para servir a los pueblos. De hecho la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) propone una dinámica y objetivos que podrían contribuir con importanetes cambios si lograra reunir más socios, en tanto su punto de partida no es la liberalización del mercado, a diferencia de los demás organismos de integración regional como TLCAN, Mercosur, CAN, etc. Asimismo, debemos mencionar que desde su conformación, la UNASUR se posiciona desde un lugar crítico con respecto a los resultados del ajuste neoliberal en la región. En esta clave ha impulsado el Banco del Sur y ha dedicado especial atención a conflictos por cuestiones de seguridad, pero no ha logrado consolidarse aún.
A pesar de la existencia de estos proyectos de integración que intentan diferenciarse de aquellos procesos iniciados en la década de 1990, queda claro que, en general, los esquemas que prevalecen hoy día están al servicio del capital y sus socios locales (la oligarquía latinoamericana) y por tanto las necesidades sociales de los pueblos, dígase condiciones materiales decentes, educación, salud, cultura, deporte, desarrollo científico tecnológico con proyecto genuino de nación, etcétera, quedan relegadas.
La seguridad de los pueblos pasa por garantizar su subsitencia en condiciones dignas, entiéndase “buen vivir”, no por la vía de un esquema esquizofrénico de asfixia socioeconómica que resulta, entre otras cuestiones, en un incremento de la economía extractivista e informal y del crimen, situación que es entonces “atacada” con instrumentos de despojo y violencia. La ecuación no se soluciona, sólo se complejiza y mantiene en términos generales impertérritas las relaciones sociales de producción, las clases sociales y la polarización y trasferencia de riqueza.
Referencias
Calloni, Stella (1998) Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor [en línea] disponible en: www.derechos.org/nizkor/doc/condor/calloni.html
Clinton, Hillary R. Remarks on the Obama Administration’s national Security Strategy. US. Department of State. Conferencia en el Brookings Institute. Washington, DC. EUA. 27 de mayo de 2010.
Finnegan, William (2010). “Silver or Lead. The drug cartel La Familia gives local officials a chioce: Take a bribe or a bullet.” The New Yorker. EUA, 31 de mayo
Mazzetti, Mark (2010). “US Expands Secret Military Acts in Mideast and Beyond”. The New York Times. EUA, 24 de mayo.
Naciones Unidas (2010). Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Philip Alston. Human Rights Council. Informe No. A/HRC/14/24/Add.6 Washington, 28 de mayo.
Salas, Cristina (2010) “Defense Secretary Gates' week in Latin America” Just the Facts [en lína] disponible en: http://justf.org/blog/2010/04/20/defense-secretary-gates-week-latin-america
Seelke, Clare R., Wyler, Liana S., y Beittel, June S (2010). Latin America and the Caribbean: Illicit Drug Trafficking and US Counterdrug Programs. Congresional Research Service. Washington, EUA., 30 de abril.
