por Gian Carlo Delgado Ramos
Papel de Aguas. Semanario de la Exposición "Agua, ríos y pueblos".
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La denominada “guerra por el agua” radica en el hecho de que su localización y calidad está cambiando debido a crecientes patrones de consumo y contaminación, así como por el cambio climático. Zonas con potencial de conservar o incrementar sus reservas se perfilan como estratégicas y conflictivas, tanto desde la perspectiva de la “geopolítica del agua”, como de potenciales conflictos distributivos e incluso a procesos de desalojo y desposesión.
El concepto de geopolitik fue introducido por Rudolf Kjellen y también elaborado por Friedrich Ratzel en el sentido de integrar la política, la antropología y la geografía. Desde el deber del Estado de “expandirse o morir” de Ratzel, pasando por Karl Haushofer, quien demostró la función de la geopolítica en la concepción de la expansión nazi, hasta el pensamiento de John Mackinder, Alfred Mahan, Nicholas Spykman, Oskar Morgenstern, Edward Teller o Henry Kissinger, la geopolítica ha estado directamente vinculada al pensamiento militar, al poder y en particular a la preservación y expansión de la hegemonía mundial.
La geopolitización del agua alude, estrictamente hablando, al rol estratégico que juega el recurso desde una visión del poder de Estado y de las clases que lo detentan; noción que ha llevado a considerarlo como cuestión de seguridad nacional. Dicha securitización implica la toma de decisiones extraordinarias comparables al caso de una amenaza militar. Se trata de una perspectiva que difiere notablemente de aquella concebida desde la ecología política y que prefiere analizar al recurso como factor de conflictos distributivos, que pueden adquirir la forma de: disputas locales originadas por la degradación del recurso; disputas por el acceso, uso y usufructo del agua resultantes de (in)migraciones y nuevos ordenamientos territoriales o de procesos de acumulación por desposesión, y conflictos entre naciones por recursos compartidos.
Escenarios de disputa
En América se identifican cientos de potenciales conflictos distributivos a nivel local y regional, y dos escenarios mayores de disputa por el agua entre naciones y sus pueblos: 1) el caso del agua compartida con EEUU, tanto canadiense como mexicana, y 2) el del acuífero Guaraní y las cuencas compartidas de los ríos Plata/Paraná/Paraguay-Guaporé, Amazonas/Putumayo y del río Negro-Orinoco.
Las reservas canadienses son las más relevantes de Norteamérica y se localizan a la par del noreste de EEUU, la zona más industrializada y con los mayores consumos de agua. Su rol es tal que en el marco de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, se viene hablando de la posibilidad de exportar agua canadiense, un recurso que no quedó fuera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que por tanto es mercantilizable en el marco de dicho acuerdo internacional.
Las aguas fronterizas con México (de los ríos Colorado y Bravo), históricamente conflictivas, son relevantes también, no tanto por su cantidad sino por su localización. La cuenca compartida del Bravo es justo una zona que tiene serios problemas de agua. Del lado estadounidense, además de grandes centros urbanos, existen importantes zonas agroindustriales. Del mexicano destaca la fuerte presión que provoca la industria maquiladora.
El escenario norteamericano es tan complejo que existe ya la preocupación por la ausencia de acuerdos entorno al agua subterránea binacional, al tiempo que se vislumbran posicionamientos conflictivos como el de la Agencia Stratford, que precisan: “La debacle fronteriza por el agua puede llevar a descarrilar las relaciones comerciales diplomáticas, dañar el TLCAN y provocar confrontaciones entre los gobiernos locales y los residentes de la zona fronteriza.”
En Sudamérica, el asunto no es menor, pues sólo el Guaraní cuenta con reservas de unos 55.000 km3 en una extensión de 1.190.000 km2 que se extiende a parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es zona de coexistencia de fuertes intereses empresariales y militares estadounidenses, pero también de otros países como los de Medio Oriente, interesados en la compra-exportación-embotellamiento de agua del acuífero. Ahí, como en el caso de México, hay interés en el negocio de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, así como del recurso mismo.
Objetivo militar
La securitización en Sudamérica es patente desde los intereses estadounidenses como regionales. La militarización por parte de EEUU por la vía del Comando Sur, sus bases y emplazamientos militares, responde a garantizar su posicionamiento en una zona estratégica, tanto por los recursos hídricos, biológicos y mineros, como por otros factores. En este escenario, no extraña la advertencia del consejero del Pentágono Andrew Marshall sobre la falta de agua potable en el corto plazo y ante la cual EEUU debía prepararse para estar en condiciones de “apropiarse” del líquido, “allí donde estuviese” y cuando “fuese necesario”. Ante ello, se advierte la reacción brasileña de asegurar sus recursos mediante la implementación de un Sistema de Vigilancia de la Amazonía y un Sistema de Protección de la Amazonía como mecanismos de control de sus recursos estratégicos. Lo mismo aplica para Argentina, país que mediante su Plan Ejército Argentino 2025 colocó abiertamente desde 2006 la defensa de los recursos naturales estratégicos como principal hipótesis de guerra.
Por lo anterior, se puede argumentar que la securitización del agua (“el agua como cuestión de seguridad nacional”), logra en el fondo opacar el debate sobre las estructuras sociopolíticas y las relaciones de poder existentes entorno a la degradación ambiental, el acceso, gestión y usufructo desigual de líquido, tanto en términos de las relaciones Norte-Sur como entre ricos y pobres dentro de los propios estados nación del continente. En este contexto, el concepto de seguridad ecológica, en oposición al de “seguridad ambiental” (securitización), adquiere una función explicativa importante si ése es visto como la seguridad de los pueblos y no simplemente del Estado. Y es que mientras la seguridad ambiental del Estado tiende más a la toma de medidas reactivas y por tanto a la búsqueda de una “paz” impuesta mediante la fuerza del Estado (la securitización en su forma típica), la seguridad ecológica alude, como aquí es asumida, a la construcción y operatividad de medidas proactivas, dialogadas, concensuadas y, consecuentemente, socialmente justas. Este último es un esquema, o “un nuevo contrato social del agua” en el que el Estado es sólo un actor más en el proceso de diálogo, un catalizador de medidas proactivas socialmente pactadas.
Ante escenarios que prometen una escasez mayor del agua, y por tanto de escenarios de securitización y de conflictos distributivos de diversa índole, un nuevo contrato social del agua en América parece ser una alternativa necesaria para evitar costos sociales y ambientales innecesarios.
Información difundida por el Centro Nacional de Comunicación Social
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