por Laura Poy Solano
La Jornada. México, 11.03.2009
Ir a Nota
Las grandes corporaciones mineras –en su mayoría de capital extranjero– aplican en México un despojo sistemático de las tierras y del espacio social campesino, en su afán de apropiarse de los yacimientos, lo que lleva no sólo a la destrucción de la comunidad y el entorno ambiental, sino a la creación de decenas de microrregiones gobernadas por y para las grandes empresas mineras globales, advirtieron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Frente a una relación totalmente asimétrica, donde los consorcios cuentan con recursos económicos y políticos para imponer su poder, ante comunidades cada vez más desprotegidas y atrapadas en la pobreza, el desempleo y la corrupción de autoridades locales, estatales y federales, se favorece que el grueso de los beneficios por la extracción minera se queden en la corporación, mientras que la mayor parte de los costos se quedan en el espacio local.
Régimen político informal
Claudio Garibay Orozco, catedrático del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, destacó que las grandes mineras que operan en el país han instaurado un régimen político informal y metajurídico de alcance microrregional gobernado actualmente por corporaciones globales.
En el territorio nacional –afirmó– “tenemos decenas, y próximamente centenas, de pequeños puntos que identifican una región autonómica de facto, organizada y gobernada por y para la corporación global, donde opera un proceso de despojo del espacio social campesino”.
Al participar en el foro Ecología política de la minería en México. aspectos socioeconómicos, legales y ambientales, convocado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la UNAM, señaló que en el país asistimos a un proceso de acumulación minera por desposesión campesina.
La estrategia de las empresas del sector –agregó– es crear un sistema clientelar con la comunidad, a la que le rentan sus tierras por cantidades muy bajas, no superiores a los mil 200 pesos por hectárea, y, aprovechando las condiciones de extrema pobreza, tratan de ganarse la confianza de los pobladores con acciones altruistas, para finalmente imponer un cacique creado de acuerdo con sus intereses.
Por su parte, Gian Carlo Delgado, catedrático del Ceiich, afirmó que en un contexto de creciente deterioro ambiental, generado por la explotación minera en el país, se debe evaluar no sólo el saqueo sistemático de los recursos naturales, al ser una economía basada en la exportación de materia prima no renovable, particularmente minerales y petróleo, sino considerar la deuda ambiental que están generando los países desarrollados ante los efectos devastadores en la extracción de minerales, que en muchos casos son considerados estratégicos para Estados Unidos.
Ir a Nota
