Claudia Luna
El Diario. México, 2 de octubre de 2007.
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(AMI) El mes de junio pasado, el directorio Ejecutivo del Banco Mundial, aprobó un nueva donación para México orientada al rubro del desarrollo sostenible en la parte que concierne a instrumentar políticas y acciones en aras de delimitar las áreas protegidas.
Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han mantenido una cercanía con México de forma muy especial para impulsar una serie de transformaciones en una amplia gama de tópicos, lo hacen mediante líneas de crédito, programas de financiamiento de corto y mediano plazo o en algunos casos donaciones.
De esta forma, el Banco Mundial decidió donar 7.35 millones de dólares para el proyecto de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas dentro del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.
El propósito del organismo es apoyar la incorporación de cuatro nuevas zonas protegidas al programa: La Encrucijada, en el estado de Chiapas; El Pinacate/Gran Desierto del Altar, en el estado de Sonora; Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, y Banco Chinchorro, en Quintana Roo.
Hasta este punto, el Proyecto de consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP II) parece una noble causa soportada financieramente por un organismo que de altruista no tiene nada. ¿Qué puede esconderse en el fondo de tan buen propósito?.
Desde tiempo atrás, algunos expertos investigadores como John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado, han dedicado tiempo para analizar la intromisión de los organismos internacionales en distintas arenas en México. El desarrollo sustentable o sostenible, las políticas verdes, el turismo sustentable y las áreas naturales protegidas orbitan en la esfera de los intereses externos.
En el libro Imperialismo económico en México, que pertenece al sello Debate de la editorial Random House Mondadori, tanto Saxe-Fernández como Delgado denuncian actitudes injerencistas, manipuladoras y ventajosas del Banco Mundial.
En la parte que concierne a los programas verdes del Grupo del Banco Mundial aparece una cita que desdibuja una situación apremiante: Ya se han registrado en el país casos de privatización de tierras biológicamente importantes, lo que es considerado por el Banco Mundial como un logro y avance en la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, la compra del corazón del ANP Cuatro Ciénegas por la ONG Probatura Noroeste (2 mil 800 hectáreas a cambio de 250 mil dólares) y Desarrollo Sustentable para el Valle, A.C. (mil 200 hectáreas por 172 mil dólares).
Una ANP, es un Área Natural Protegida, a la que van destinados recursos para la conservación del hábitat, contener la depredación del lugar, la extinción de especies e intentar restaurar el ritmo del ecosistema. Es una función esencial a la que Saxe-Fernández y Delgado desnudan con claros propósitos de condicionamiento y expropiación de la mano del BM como sucede con el Corredor Biológico Mesoamericano que territorialmente cubre los estados mexicanos de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas; y los países centroamericanos hasta el Tapón de Darién, en Panamá.
En diversas ocasiones hemos comentado en esta columna, que después del Fondo Monetario Internacional (FMI) y su rol desempeñado en los últimos treinta años como salvador de primera instancia, oxígeno financiero, para las economías subdesarrolladas o con desarrollo desigual, tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen una especial vitalidad para países como México al ser fuentes acreedoras e impulsoras de proyectos y programas focalizados.
SERPIENTES Y ESCALERAS
El Banco Interamericano de Desarrollo implementa el Fondo de Energía Sostenible y Cambio Climático (Fondo SECCI), con una contribución inicial de 20 millones de dólares para dar apoyo económico y ambiental a las opciones energéticas y respuestas efectivas al cambio climático en América Latina y el Caribe.
El fondo pretende impulsar un aumento de inversiones en energía renovable, eficiencia energética, desarrollo de biocombustibles, financiamiento de carbono y expansión de opciones de energía sostenible.
En algunos casos, financiará iniciativas de mitigación y adaptación a cambios climáticos en las políticas y programas intersectoriales en la región, conjuntamente con el Fondo para Prevención de Desastres del BID.
Los recursos financiarán el desarrollo y la ejecución de evaluaciones a nivel nacional, análisis de estructura de políticas y asistencia para reformas de políticas necesarias para las inversiones en biocombustibles. De igual forma apoyarán las actividades relacionadas con la identificación, preparación y desarrollo de capacidad para proyectos.
Las instituciones que pueden tener acceso al Fondo SECCI del BID incluyen dependencias gubernamentales, autoridades nacionales de cambio climático, organismos de planificación, empresas públicas y privadas, gobiernos subnacionales, entidades de desarrollo de proyectos privados, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas y de investigación.
A COLACIÓN
En los biocombustibles, los organismos internacionales van implementando esquemas muy del estilo del programa descrito arriba.
Hace poco, el directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el primer financiamiento del sector privado para un proyecto de biocombustibles en Brasil por un total de 120 millones de dólares.
Esta operación forma parte de una iniciativa del BID para promover la estructuración de financiamiento de deuda prioritaria para cinco proyectos de producción de etanol que tendrán un costo total de 997 millones de dólares. El gobierno de Brasil tiene el objetivo de triplicar su producción anual de etanol para el año 2020.
El BID se mantiene cerca del gobierno brasileño a fin de coadyuvar a convertir al país carioca en un centro mundial de primer nivel para investigación y desarrollo de biocombustibles.
Diversos directivos del organismo sostienen conversaciones con las principales autoridades de Brasil para facilitar la transferencia de tecnología y asistencia técnica y permitir que otros países de la región se puedan beneficiar del conocimiento y la experiencia de Brasil en este campo.
El paquete comprende un préstamo del BID de hasta 40 millones de dólares del capital ordinario de la institución y un cofinanciamiento de hasta 80 millones de dólares proveniente de bancos comerciales.
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