Gian Carlo Delgado
Aqua Vitae. No. 4
Agosto, 2007. pp.10.
BAJAR PDF
El acceso, gestión y usufructo del agua son cuestiones cada vez más importantes puesto que la localización y calidad del líquido están cambiando, en parte por el calentamiento global y los fenómenos meteorológicos vinculados, pero también por el exponencial despilfarro y contaminación del recurso. Consecuentemente, las zonas de reservas de agua, sobre todo de buena calidad, se identifican como geoestratégicas, vinculadas a la seguridad nacional y por tanto como objeto de potenciales conflictos y guerras.
El dilema es tal que en febrero del 2004 se filtró al periódico The Guardian un informe del consejero del Pentágono, Andrew Marshall, en el que advertía sobre la falta de agua potable en el corto plazo y ante la cual Estados Unidos debía prepararse para estar en condiciones de “apropiarse” del líquido, “allí donde estuviese” y cuando “fuese necesario”.
Como se revisa en Agua y Seguridad Nacional (Arena. México, 2005), las implicaciones que podría acarrear para México una profundización de la crisis hídrica en Estados Unidos que lo llevara a reformular la geopolítica hídrica regional, sea por la vía de la mencionada postura de apropiación u otras como el eventual rol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), son altamente complejas y delicadas. Como lo expone la Agencia Stratford (EU): “...la debacle fronteriza por el agua puede llevar a descarrilar las relaciones comerciales diplomáticas, dañar el TLCAN y provocar confrontaciones entre los gobiernos locales y los residentes de la zona fronteriza”.
Llama la atención que en dicho contexto en el que se propone usar al TLCAN como instrumento de presióncoacción, Estados Unidos agudice las históricas disputas binacionales en materia de agua, tanto en lo que respecta al calendario de pagos de cuotas de agua en el Bravo (Acta 307), como en torno a la actual necesidad de negociar el agua subterránea binacional. El asunto es delicado pues se habla, desde ese país, de una supuesta deuda de agua mexicana que, de no pagarse en los plazos requeridos, se le podría dar un valor en metálico. Sugerencia llamativa pues la deuda en agua no genera más agua, pero una deuda de agua en metálico, sujeta a intereses y que luego pueda ser reconvertida en agua, es algo totalmente distinto.
A lo anterior súmese la creciente privatización de los servicios públicos urbanos, industriales y agrícolas del agua, particularmente impulsados —desde el marco del TLCAN— por potentes programas del Banco Mundial que han resultado en el beneficio del gran empresariado, sobre todo extranjero (e.g. Bechtel, Suez, etc). Ello debe verse como un proceso de apropiación y desnacionalización de facto de un recurso estratégico para el país y su gente, que además, atenta contra el derecho humano a un mínimo garantizado del líquido.
Tal tendencia, que mantiene el actual gobierno de México, debe ser revertida. Una clara señal de advertencia es el caso de la pérdida de la soberanía alimentaria en productos básicos como el maíz. Posible a partir de la liberalización a ultranza del campo mexicano (no así del de EU), ya ha dejado sentir sus desestabilizantes efectos sociales con el inusitado aumento en el precio de la tortilla. Con el caso del agua, lo que está en juego, más allá de lo socioeconómico, es incluso la paz social.
La alternativa se ubica entonces en una noción del agua como asunto de seguridad nacional mexicana, entendida como parte de una dimensión básica de la soberanía nacional mexicana y, consecuentemente, como una noción subsumida en el contexto constitucional que debe ser regulada por el legislativo. Se trata de una aproximación que ha de responder al interés público nacional de México, manteniendo el estado de derecho, la paz social y la integridad territorial; pero también, garantizando la abierta discusión pública sobre la gestión y usufructo del líquido, impulsando el desarrollo de mecanismos y tecnologías alternativas aptas para el país y fomentando una nueva cultura ecosocial del agua.
BAJAR PDF
