Plan Colombia para México

Nydia Egremy
Contralínea
Primera quincena de Junio. México, 2007.

El gobierno federal fortalece sus programas de seguridad para controlar la creciente conflictividad social; esta estrategia incluye el Plan México, negociado entre el presidente Calderón y el gobierno de Estados Unidos para combatir supuestamente al crimen organizado.


Ante el incremento de los índices de pobreza y marginación, ocasionado por el declive económico, el gobierno federal responde aumentando la influencia de organismos de seguridad propios y extranjeros.
Se pretende ampliar el control político-militar de la creciente inconformidad social en México, conforme al esquema previsto hace décadas para el país y América Latina por analistas de seguridad estadounidense que, además, admitían que el combate contra el narcotráfico podría utilizarse contra la insurgencia.
El actual modelo económico profundiza el despojo, no sólo del salario y del bienestar de millones de mexicanos, sino de los recursos naturales y del espacio. En ese marco se insertan la represión en Acteal, Chiapas, y la APPO en Oaxaca, así como las recientes reformas al artículo 139 del Código Penal Federal para combatir al terrorismo, el intento de derogar la Ley de Neutralidad y la creación por decreto del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) este cuerpo especial, bajo mando del Ejecutivo, “coadyuvará en el combate a la delincuencia organizada y aquellos actos que atenten contra la seguridad nacional; además, apoyará la restauración del orden”. Sus unidades estarán adiestradas en manejo de “situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública, cuya finalidad será el restablecimiento del orden y del Estado de derecho”.
Tal como ha ocurrido en Colombia, bajo la cobertura de combate al narcotráfico se monta una estrategia de lucha contra la población y las guerrillas. El Plan Colombia, articulado por Estados Unidos, fue un fracaso que se reeditará como el Plan México contra la delincuencia organizada. Mucha asistencia militar a cambio del control de la disidencia.
En el fondo de esta situación está un sistema económico que se resquebraja. La política que hizo crisis en el gobierno de Ernesto Zedillo es la misma que cruje en 2007.
John Saxe Fernández, académico y coordinador del programa México en el siglo XXI de la UNAM, dice que el esquema económico actual “agrede brutalmente, con los programas de ajuste estructural, a la clase campesina, sobre todo a los indígenas, a los pequeños productores y a la pequeña y mediana industria”.
El investigador hace una similitud entre Zedillo y Calderón, y la forma en que ambos enfrentan los problemas financieros y económicos recurriendo al Ejército.
“Apenas llegó Zedillo a la Presidencia, su primera medida fue montar una gran ofensiva militar. Llegó muy debilitado al poder, pues era producto del manejo electoral que hizo un usurpador como Carlos Salinas”.

Para Estados Unidos siempre ha sido importante tener en México a un presidente débil, “porque Calderón, como Salinas, también es producto de una usurpación militar”, describe Saxe.
Con Zedillo se hizo el primer reclutamiento de los cuerpos paramilitares en el norte de Chiapas y luego hubo grandes operativos de vigilancia e interdicción de droga. Fue entonces cuando surgieron los Grupos Aerotransportados de Fuerzas Especiales (Gafes) y al mismo tiempo se incrementaron las transferencias de equipo y servicios militares de Estados Unidos a México.
Entre 1994 y 1995 aumentó la asesoría militar de kaibiles guatemaltecos y miembros de la ex dictadura argentina al Ejército Mexicano para combatir la rebelión zapatista. En este sentido, Saxe destaca que esas armas y entrenamiento son perfectamente funcionales a las tareas de contrainsurgencia.
“Insisto en la importancia de comprender que el narcotráfico es una cubierta para operativos de contrainsurgencia”.


Pobreza, problema militar
Hoy como hace 20 años, cuando estalló la crisis de la deuda externa en el país, y como hace una década cuando el zapatismo fustigó la firma del Tratado de Libre Comercio, resurgen las fuerzas especiales con la misión de controlar la protesta social.
“Ellos están conscientes de que la política económica genera problemas de seguridad y se convierte en un problema militar”, apunta Saxe, experto también en el impacto de la globalización.
Para Gian Carlo Delgado, doctor en Economía Ecológica por la Universidad de Barcelona, “bajo la cubierta de que se combate al narcotráfico, se permite a la nueva legislación categorizar a cualquier disidencia como ‘terrorista’. Como en Colombia, donde los equipos que entrenaron a las fuerzas armadas también formaron a los paramilitares, ahora centran su mirada en el Plan D-N II, el plan de seguridad interior para México”. Sólo una vez el gobierno recurrió a ese plan, en 1994, para combatir al EZLN.
Para ambos analistas la militarización contiene las protestas sociales. Así también lo previó en 1995 el coronel Warren D. Hall III, miembro del equipo del general Warren Mc Caffrey, ex jefe del Comando Sur estadounidense y más tarde responsable de la oficina antidroga en la administración Clinton, en una misiva a su superior:
“Es poco realista esperar que los militares limiten el uso del equipo y operaciones contra los narcotraficantes, a la luz de las habilidades que les transmiten las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos en su adiestramiento, para misiones de contrainsurgencia”.
Saxe considera que el escenario actual constituye un “estado de excepción de facto que ahora quieren hacer de jure por medio de esta transformación penal, en donde la lucha contra el narcotráfico sirve al objetivo de criminalizar la disidencia política”.
En ese contexto se explica la premura para aprobar las reformas al Código Penal en el Senado de la República el 27 de abril pasado. El objetivo ulterior era rendir cuentas a los legisladores estadounidenses de esas modificaciones, que para grupos defensores de los derechos humanos equiparan la protesta social y política con actividades terroristas.
El 2 de mayo pasado, reunidos en Washington, los líderes parlamentarios del PAN, Santiago Creel; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, llevaron a sus homólogos de Estados Unidos el aval de que México cumplió esa reforma legal para consagrarla en la agenda bilateral que se celebrará el 8 y 9 de junio próximo en Austin, Texas.
Los temas prioritarios para Estados Unidos en esa reunión interparlamentaria son: lucha común contra el terrorismo, combate a la delincuencia organizada y migración. Exactamente los asuntos sobre los que ya funciona el estado de excepción en México.


Guerra global de clases
El vínculo entre el flujo de inversiones y la seguridad, también es un aspecto fundamental para los gobiernos, como lo demuestra la ASPAN. En una dinámica “perversa”, el gobierno maneja la variable de “garantizar la seguridad en la frontera” estadounidense y, de manera similar, “garantizar las inversiones extranjeras”.
Así lo afirma la propuesta que lanzó el Instituto Mexicano para la Competitividad, destinada a avalar a las multinacionales que sus inversiones en el país serán respaldadas por el gobierno.
Delgado Ramos recuerda que cuando Calderón firmó el memorándum de compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para recibir los fondos de infraestructura, afirmó: “La fortaleza del país se refleja en que sí tenemos capacidad para recibir esos préstamos”.
Es decir, sintetiza Delgado, “ellos están pensando: protejamos la inversión extranjera y de los grandes capitales nacionales (Slim, Azcárraga, Salinas Pliego) y protejamos la seguridad de Estados Unidos. ¿Y la del pueblo? Para eso están las medidas que se vienen aplicando desde 1984”.
Eliminar toda disidencia, como ocurrió tras la rebelión zapatista en Chiapas. Riordan Roett, encargado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad John Hopkins, emitió un memorándum secreto que explicaba la necesidad de “liquidar a los zapatistas, pues sólo así, el gobierno de Ernesto Zedillo podría reflejar al mundo y a la población que estaba en control del país”.
Roett no hablaba como académico, sino como asesor del Chase Manhattan Bank y del Foro Económico Mundial. Más tarde, sería consultor del Consejo Nacional de Inteligencia de la CIA.
El escenario que él planteó tiene plena vigencia, cuando el segundo gobierno del partido Acción Nacional pretende combatir al narcotráfico desplegando al Ejército en municipios con mayoría indígena y de alta marginación, justo cuando las cifras oficiales apuntan al incremento en la pobreza de millones de mexicanos.
En 2007 millones de mexicanos padecen la contención salarial, la liberación de precios y la apertura unilateral a los productos extranjeros, el escenario económico agrede a la clase campesina mexicana, y se caracteriza por lo que Saxe Fernández llama “un ataque sistemático al aparato productivo, que no genera empleo, desarrollo ni crecimiento y que el economista estadounidense Jeff Faux percibe como una verdadera guerra global de clases (the global crash)”.


Armas contra inconformidad
Al operar el esquema de apertura y desregulación, con Zedillo estalló el esquema económico y el aparato financiero, que ya estaba en situación difícil y no pudo sostenerse más. De ahí el “rescate” de Clinton, sin la aprobación del Congreso estadounidense.
Para Saxe y Delgado, el presidente demócrata vaticinaba que el rescate resultaría en una mayor explosividad social en México y en consecuencia, el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos.
En consecuencia, se adoptaron mecanismos de militarización sistemática en la frontera, que con George W. Bush se intensificaron, como el llamado “REX 94”, destinado a acondicionar bases militares ya sin uso, como gigantescos campos de detención de migrantes mexicanos.
El vínculo entre el creciente malestar social generado por los recientes gobiernos mexicanos y la influencia de la doctrina militar estadounidense en el país, se observa al examinar la evolución en el comportamiento de las adquisiciones mexicanas de equipo, armamento y apoyo militar a aquel país.
Datos de la Federación Americana de Científicos (FAS), que reúne a varios premios Nobel, muestran que entre 1984 y 1993, México adquirió 10 veces más armas que lo que acumulativamente compró entre 1950 y 1983.
Saxe Fernández revela que se trata de equipo ligero. “No para un Ejército cuya misión es la defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales estratégicos y la estabilidad del país. Se trata de un equipo destinado a librar una verdadera guerra de las Fuerzas Armadas dentro de México, de cara al malestar creciente generado por la política económica”, sostiene.
Entre 1982 y 1990, la transferencia de equipo militar y de servicios militares del Departamento de Defensa a México, comprendida la adquisición de excedentes y la participación en programas de adiestramiento militar, fue mayor que la registrada en los 30 años previos. Por ejemplo, las ventas de armamento y equipo, entre 1950 y 1978, sumaron casi 30 millones de dólares. En contraste, entre 1982 y 1990, cuando los programas de ajuste estructural erosionaban la economía doméstica, Estados Unidos transfirió a México, “ayuda militar” por 500 millones de dólares. De 94 helicópteros que se tenían al comenzar 1994, al entrar en vigor el TLCAN, se adquirieron nuevos helicópteros Bell y Blackhawk.
Además, Estados Unidos transfirió a México 7 mil blindados Hummer para transporte de tropas y 78 helicópteros más, 74 aviones de ala fija, mil 615 ametralladoras, así como 3 mil 300 lanzadores de llamas “para incinerar a la gente”, explica Saxe; 360 mil granadas y 266 pinzones eléctricos “para interrogatorio, es decir para tortura”.
Un año después, en 1995, William J. Perry, secretario de Defensa estadounidense, expresó en México la posibilidad de llevar a cabo maniobras conjuntas para extender el programa International Military Education and Training (IMET), con un costo de 500 mil a un millón de dólares. El general, especialista en materia prima estratégica, promovía así su doctrina del “Tercer Vínculo”, es decir, una relación más estrecha entre el aparato militar mexicano y el de su país.
Esto dio origen al llamado Plan Chiapas 1994, elaborado por la Sedena, con varios objetivos: acelerar la creación de grupos paramilitares, neutralizar” a los zapatistas, censurar a los medios de comunicación y, finalmente, controlar los efectos negativos generados por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.
Fue entonces cuando se montó la estrategia de guerra de baja intensidad, con el aparato de inteligencia de Estados Unidos totalmente involucrado. Esto favoreció el ingreso al país de mercenarios para adiestrar a las policías y tuvo como resultado la represión a los altermundistas en Guadalajara.
Diez años después, el gobierno estadounidense reeditó esa misma estrategia, cuando lanzó la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad para América del Norte (ASPAN), en marzo de 2005, un acuerdo trilateral entre Estados Unidos, Canadá y México, que es un dispositivo de seguridad detrás del TLCAN, y que entró en vigor sin la aprobación de los Congresos de los tres países.


En Banff, la reunión con el título “Integración Energética”, asistieron asesores de Felipe Calderón, ya como presidente electo, como Juan Camilo Muriño, miembros de la cúpula empresarial mexicana, el ex secretario Pedro Aspe y un delegado del gobernador de Michoacán.
De acuerdo con Michel Chossudovsky, académico de la Universidad de Ottawa, y especialista en problemas de globalización, en esa ocasión participó de manera destacada Ronald Rumsfeld, a la sazón secretario de Defensa de Estados Unidos, a quien acompañaron representantes de empresarios del petróleo y sus cabilderos, como la Chevron y Suncor Energy, así como de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Advierten los especialistas que si la agenda aprobada en Banff buscó mantenerse lejos de los reflectores, igual ocurrirá en la reunión que se celebrará próximamente en Calgary, Canadá, y cuya temática lleva como título: “La continentalización de los recursos naturales”.
“En el fondo, se intenta moldear a las legislaciones nacionales para que faciliten programas de inversión sobre recursos estratégicos: agua y petróleo”, reitera Delgado Ramos, quien apunta el riesgo de que el gobierno federal considere al agua como cuestión de seguridad nacional.