A partir del 11-S Estados Unidos amenaza con una "nueva era nuclear". Crecen las expresiones totalitarias. La trágica posibilidad de una nueva conflagración a escala global.
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Las amenazas del Imperio (Nota I)
Por Gian Carlo Delgado Ramos Especial para APM
http://www.prensamercosur.com.ar/apm/nota_completa.php?idnota=3020
Publicado también en: http://alainet.org/active/16645&lang=es
En momentos en que se agudiza tanto la disputa por los recursos estratégicos, sobre todo del petróleo, y se registra una pérdida relativa de la hegemonía del dólar, entre otros factores, se identifica un endurecimiento en la postura de muchos gobiernos al tender hacia una actuación - interna y externa - cada vez más totalitaria.
Estados Unidos, particularmente a partir del 11-S, y su consecuente “guerra contra el terrorismo” (contra todos en general y contra nadie en particular), a la par de la petroguerra que mantiene en Irak, ambas con altos costos económicos, materiales, ambientales y humanos, se coloca a la cabeza de la puesta en operación de lo que se conoce como Estado de Excepción.
Se trata de una figura propia del totalitarismo moderno que ha sido introducida en muchas Constituciones de Occidente, sobre todo durante el periodo de Guerras, y mediante la cual se interrumpe provisionalmente la distinción entre los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) al reconocer contradictoriamente la “legalidad” de la ilegalidad puesto que se da por sentado, sobre todo: 1) la suspensión de la constitución; 2) la extensión en el ámbito civil de los poderes que competen a la autoridad militar en tiempo de guerra; y 3) la ampliación excepcional de los poderes del ejecutivo, en particular de modificar y derogar con decretos las leyes vigentes.
Este último punto, identificado en la historiografía estadounidense como la presidencia imperial, es piedra angular desde la que se está profundizando el Estado de excepción en ese país. Lo corrobora, como lo ha precisado Saxe-Fernández, la aprobación por parte de George W. Bush, tanto de la Ley Patriota de octubre de 2001 (“The United and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Requiered to Intercept and Obstruct Terrorism” - USAPATRIOT) que otorga poderes extraordinarios a los encargados de la seguridad de Estados Unidos -entre los cuales está el espionaje extensivo-, así como el beneplácito a la Ley de Comisiones Militares (2006) que “legaliza” la operación de tribunales secretos militares, la tortura y las detenciones arbitrarias. Igualmente lo refleja la decisión de suspender el artículo I de la Constitución que establece el privilegio de habeas corpus (protección del arresto arbitrario) y la proclamación de la Ley de Autorización de Defensa John Warner que permite al Ejecutivo, en contra de la Ley Posse Comitatus de 1878 que prohibía el uso de militares en Estados Unidos y sus posesiones, declarar un estado de Ley Marcial Federal. Esto coloca a Bush, y por mucho, a la cabeza de la lista de los presidentes que han puesto formalmente en práctica el Estado de excepción en Estados Unidos, como lo son Abraham Lincoln, Woodrow Wilson y Franklin D. Roosevelt (aunque en efecto otros lo hicieran en los hechos).
Estamos hablando prácticamente de un estado fascista pues, a decir de Giorgio Agamben, el paradigma de la dictadura constitucional funciona sobre todo como una fase de transición que conduce fatalmente a la instauración de un régimen totalitario.
No es casual que Zbigniew Brzezinski, ex-asesor de Seguridad Nacional en Estados Unidos, declarase el 1 de febrero de 2007 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que la actuación de la administración Bush entorno a Irak era, “una calamidad histórica, estratégica y moral” que ha sido “provocada por impulsos maniqueos y arrogancia imperial” comparables a los de Hitler. Y remataba con el llamado a la necesaria destitución de Bush y Cheney y su consiguiente procesamiento por atacar las libertades civiles, por infringir la separación de poderes y, por ser responsables de crímenes de guerra en flagrante violación de la Convención de Ginebra.
Esta cuestión del Estado de excepción es fundamental para la temática que nos ocupa pues modela en gran medida, no sólo la dinámica del aumento de la carrera armamentista entre las principales potencias del orbe, sino que también impacta en el (re)arme de otros países propiamente del Sur –particularmente de aquellos en zonas geopolíticamente estratégicas o inestables. De ahí que se identifique, desde 1996, un incremento del gasto militar mundial del 34 por ciento, al llegar, en 2005, a la cifra de 1.1 billones (millones de millones) de dólares corrientes (sólo el aumento de 2004 a 2005 fue del 3.4 por ciento). Esto es alrededor del 2.5 por ciento del producto interno bruto mundial.
Estados Unidos ha sido responsable de ese incremento en un 80 por ciento, lo que lo mantiene a la cabeza del gasto militar mundial al adjudicarse el 48 por ciento, seguido, de lejos, por Reino Unido, Francia, Japón y China. Otros países han liberado montos importantes aunque incomparables a los de Estados Unidos.
Tomando en cuenta tal tendencia de la proyección del poderío policíaco-militar tanto hacia adentro como hacia fuera de las naciones (caso de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte [ASPAN] donde Estados Unidos propiamente extiende sus fronteras de seguridad hacia Canadá y México), es de notar que la inestabilidad de la “seguridad internacional” se intensifica, particularmente cuando se mantiene y o incrementa la disponibilidad de armas de destrucción masiva -biológicas, químicas y nucleares- por parte de Estados de excepción cada vez más radicales y con dinámicas económicas relativamente espinosas e inquietantes ( Estados Unidos y su deuda pública y déficit fiscal sin precedentes).
Como llama la atención C.L. Rossiter, "en la era atómica es probable que el uso de los poderes de emergencia constitucional se vuelva la regla y no la excepción.” Y es que la ‘variable atómica’, desde su presentación ante el mundo con las innecesarias masacres de Hiroshima y Nagasaki, reconfigura y ahonda la tendencia hacia el Estado de excepción en su versión global in extremis. Aún más cuando precisamente se intensifica la competencia intercapitalista y se identifica una conformación importante de regionalismos, algunos ya relativos retadores hegemónicos en múltiples planos (dígase la Unión Europea).
En diciembre de 2001, Estados Unidos hizo una revisión de su postura nuclear (Nuclear Posture Review - NPR) en la que articula los requisitos de las fuerzas armadas y las herramientas de planeación para re-enfatizar las operaciones contra adversarios regionales armados. Así, el 14 de junio de 2002, a unos meses del 11- S, el Presidente de Estados Unidos promulga la nueva guía de planeación de armas nucleares en concordancia con la NPR (National Security Presidential Directive), y el 17 de septiembre de ese mismo año comunica la nueva estrategia nacional para combatir armas de destrucción masiva, consolidada en el documento National Security Strategy of the United States of America.
En ésta se precisaba, entre otros puntos que: "debemos prepararnos para detener a los estados delicuenciales (rogue states) y sus clientes terroristas antes de que sean capaces de amenazarnos o de usar armas de destrucción masiva en contra de Estados Unidos y sus aliados y amigos. Debemos adaptar el concepto de amenaza inminente ante las capacidades y objetivos de los adversarios actuales. Mayor será el riesgo de la inacción, y más convincente resultará el caso de tomar acciones anticipatorias para defendernos, aún si la incertidumbre se mantiene hasta el momento y el lugar del ataque de nuestro enemigo. Para anticipar o prevenir tales actos hostiles de parte de nuestros adversarios, Estados Unidos actuará, si es necesario, de modo preventivo. Para apoyar [tales] acciones continuaremos la transformación de las fuerzas militares para asegurar nuestra habilidad de desarrollar operaciones rápidas y precisas para alcanzar resultados decisivos.
En abril de 2004, Estados Unidos define un listado de países y objetivos de ataque nuclear (Nuclear Weapons Employment Policy) y, al año siguiente, en marzo de 2005, asigna al US Strategic Command (STRATCOM) la planeación de un ataque global –por medio del Joint Functional Component Command for Space and Globlal Strike- con el objeto de, “proveer opciones rápidas de ataque al Presidente (sic) con medios nucleares, convencionales, espaciales y de información”.
Lo anterior significa, en palabras de la Federation of American Scientists, crear casi una invulnerabilidad para Estados Unidos al forzar la vulnerabilidad total sobre cualquier adversario potencial. Como resultado, Global Strike trata principalmente de escenarios de guerra más que de disuasión.
No sorprende entonces que Estados Unidos venga realizando juegos de guerra a escala global en los que incluye un importante, aunque en parte encubierto, rol del armamento nuclear (especificado en el Plan de Contingencia 8022 o COPLAN 8022). En éstos se manejan - desde la Defense Threat Reduction Agency- escenarios de múltiples detonaciones nucleares, así como de armas químico-biológicas.
Una de las particularidades de la modalidad de guerra bajo la filosofía del Global Strike, además de poner en máxima y permanente alerta a los bombarderos (convencionales/nucleares) y hacer extensivo el uso y modernización de bases militares domésticas e internacionales, fijas y móviles (incluyendo submarinos nucleares), es que incluye el uso masivo de misiles de largo alcance, típicamente usados para el lanzamiento de cabezas nucleares. Se indica que una de las razones es poder reducir, al máximo, el tiempo de decisión-acción a la par de que se establecen mejores condiciones para un primer ataque sin previo aviso (convencional y eventualmente nuclear). Para ello se están cambiando algunas cabezas nucleares de misiles Trident por cabezas convencionales.
El problema que surge, como bien lo advierte la Federation of American Scientist, es que se incrementa de modo importante el riesgo de error. Esto es porque se puede inducir una provocación no deseada al generar confusión a terceros debido a la falta de aviso o consulta. Como resultado un país puede detectar, dígase un misil Trident en lanzamiento -sin identificar el tipo de cabeza que contiene-, y activar unos o todos sus recursos nucleares (la denominada Doom Machine). Las reacciones y “contra-medidas” de parte de Rusia son de particular atención pues es el único país, que al igual que Estados Unidos, tiene la capacidad de destruir el planeta entero.
El riesgo y la irresponsabilidad que conlleva este tipo de dinámica que despliega sistemas de lanzamiento duales (convencional-nuclear) se complementa con la intensión, de ser necesario –indica el gobierno de Estados Unidos-, del uso de armas nucleares no sólo estratégicas y tácticas sino también de nueva generación como las de impacto subterráneo ( el B61-11, o potencialmente el detenido proyecto del Robust Nuclear Earth Penetrador), así como de todo un abanico de armas clasificadas, ya desde Henry Kissinger (1974), como “opciones de uso limitado” ( caso del “uranio empobrecido”, ya extensamente utilizado en la petroguerra estadounidense en Irak).
Igualmente, se ha declarado (octubre de 2006), que la seguridad nacional de Estados Unidos depende en forma crítica de su capacidad espacial por lo cual se reclama para sí el derecho de llevar acabo cualquier investigación, desarrollo u “otras actividades nacionales”; dígase de lanzamiento de más satélites militares-espías para, entre otras acciones, el control eficiente del mencionado sistema de lanzamiento de misiles, o incluso, el emplazamiento de armas en el espacio.
No es casual entonces que el 5 de diciembre de 2005, un conjunto de senadores enviaran al Presidente una carta en la que hacían expresa su preocupación acerca del nuevo borrador sobre la denominada US Doctrine for Joint Nuclear Operations puesto que, remueve la ambigüedad previa de la doctrina, al sugerir ahora que su administración usará armas nucleares para responder amenazas de armas de destrucción masiva no-nucleares y sugiere que esto podría incluir ataques nucleares preventivos lo que consecuentemente incrementa la dependencia en armas nucleares…Este esfuerzo para ampliar el rango de escenarios en que las armas nucleares podrían ser contempladas es imprudente y provocativo… constituye un cambio dramático en la política nuclear de Estados Unidos.
Aun más contundente y clarificador resulta el balance de Robert McNamara, quien fuese secretario de la Defensa en la época de la crisis de los misiles en Cuba, cuando precisaba, unos seis meses antes de la mencionada carta de los senadores, que: desde hace algún tiempo se venció el plazo para que EUA cese de usar las armas nucleares como instrumentos de política exterior a la usanza de la guerra fría. La actual postura en armas nucleares es inmoral, ilegal, militarmente innecesaria y espantosamente peligrosa. El riesgo de una guerra accidental o de un lanzamiento nuclear imprevisto es inaceptablemente alto. Lejos de reducir estos riesgos, el gobierno de Bush ha indicado que está comprometido a mantener el arsenal nuclear de Estados Unidos como la base de su poderío militar, un compromiso que simultáneamente erosiona las normas internacionales que han limitado la proliferación de armas nucleares (y de materiales usados en su construcción) por 50 años. Mucha de la política nuclear actual ha estado vigente antes de que yo asumiera la Secretaría de la Defensa, y en los años transcurridos desde entonces se ha hecho más peligrosa y diplomáticamente destructiva.
Las amenazas de hoy, suscribe un memorando de la Heritage Foundation, son los poderes regionales armados con armas de destrucción masiva y mecanismos de entrega de larga distancia…la disuasión es una herramienta incierta en este medioambiente, y las capacidades que hasta ahora eran estabilizadoras, podrían tener hoy efectos desestabilizadores.
No obstante, la capacidad de disuasión sigue siendo importante en la era de la Post Guerra Fría, refiere el memo de la Heritage, razón por la cual precisa que, el arsenal de la Guerra Fría debe ser ajustado, en número y tipos de armas, para proveer la capacidad de disuasión en una situación nueva y dinámica (ello implica) mantenerse por delante de la curva de modernización de las fuerzas y de la postura de fuerza , y usar esa posición de fortaleza para asegurar que ningún país o poderes quieran competir.
Para tal comitiva de modernización de lo que Mary Kaldor denominaba como “arsenal barroco”, según el mencionado memorando, Estados Unidos debe: a) adoptar una estrategia dual de disuasión nuclear contra países delincuenciales; b) terminar la moratoria de pruebas nucleares; c) reestablecer el financiamiento a la investigación de nuevas armas nucleares apropiadas a las necesidades actuales (lo que sea que eso signifique); y d) enfocarse en esfuerzos anti-proliferación y no en de desarme nuclear.
Lo anterior apunta nítidamente hacia la profundización de la carrera armamentista y por tanto de lo que Symour Melman calificó apropiadamente como Capitalismo de Pentágono para referirse a la peculiar economía de “maximización de costos” establecida entre el Pentágono y sus más de 37 mil contratistas y más de 100 mil subcontratistas; un esquema en el que la ‘ganancia’ no se deriva de relaciones de “mercado” sino de vinculaciones de orden político-militar y administrativo.
Dicho apogeo de la permanente economía de guerra estadounidense ha sido ampliamente visible a partir del paquete de iniciativas político-económicas de cara al 11.09 , no obstante, sería un error pensar que para el caso de la carrera nuclear, ésta se detuvo con el término formal de la ‘Guerra Fría’ y con la firma, en 1992, de la Nuclear Testing Moratorium Act. Por el contrario, ese programa nuclear no menguo. Entonces se optó por una apertura de financiamiento de 70 millardos de dólares para el programa “Stockpile Stewardship” con el propósito de “compensar” el desarme nuclear y la “pérdida” de la opción a ensayos nucleares. Las actividades del programa han incluido nuevas instalaciones (e.g. National Ignition Facility - NIF), modernización de cabezas nucleares, almacenamiento de éstas o, más recientemente (a saber), el desarrollo de nuevas armas nucleares. El presupuesto de 2007, continúa el “Stockpile Stewardship” y extiende el programa de ‘Reemplazo Eficiente de Cabezas Nucleares’, por ejemplo para mejorar/ampliar la capacidad de las bombas B61, W76 y la W80.
El NIF, que explora la capacidad de ‘encender’ una reacción de fusión nuclear en cadena por medio de láser para el estudio y desarrollo de mejores y novedosas armas, es un buen ejemplo del típico modo operativo del complejo-militar-industrial, por seguir las palabras de Eisenhower.
En contra del Tratado de Misiles Anti-Balísticos - ABM (1972) y en lo que calificase el primer ministro de relaciones exteriores ruso, Igor S. Ivanov, como “un error fatal”, la (re)activación del fracasado proyecto de la guerra de las galaxias (Star Wars), desde principios de la década de 1990 denominado como Sistema de Defensa Anti-Balístico (Ballistic Missile Defense), sigue siendo uno de los principales barriles sin fondo del Pentágono en beneficio de contratistas bien definidos de ese país (e.g. General Dynamics, Boeing) y una de las razones que ha estimulado la tolerancia de la existencia de “estados delincuenciales” con aspiración a la bomba atómica, pues se asume implícitamente que justifica la existencia de tal escudo anti-balístico con un costo inicial estimado de unos 80 millardos de dólares. En este tenor, un artículo de Newsweek justamente suscribe que para la administración Bush, "Kim Jong Il (de Corea del Norte: véase más adelante) era una villano manejable que servía tenerlo alrededor para justificar la pieza central de la política exterior de Bush: el costoso programa de defensa balística".
No es casual entonces que mientras se modelaba el exacerbamiento del conflicto nuclear con Corea del Norte (e Irán), el 13 de diciembre de 2001, la administración Bush estancara la ratificación del ABM, una tendencia unilateral que fuese también tomada con respecto a la Conferencia de Revisión de la Convención de Armas Biológicas, el rechazo de los lineamientos de la Corte Penal Internacional, o el retiro de la Convención para la Prohibición de Minas Terrestres, entre otras acciones.
Lo más llamativo en esta fase peculiar del capitalismo de Pentágono es que incluso su propia dinámica se convierte cada vez más oscura. De por sí definida por peculiares relaciones clientelares y no por aquellas de mercado, esa dinámica, bajo el velo de la guerra contra el terrorismo, ha sido reconfigurada a la lógica del Estado de excepción puesto que se justifica el secretismo inusitado con el que se han manejado el grueso de fondos tanto para el desarrollo de tecnología militar estratégica como para “garantizar la seguridad de la madre Patria”. Por ejemplo, mediante el uso de cláusulas de “excepción” a la Ley de Libertad de Información por parte del gobierno Federal y de varios gobiernos estatales, existe un generalizado desconocimiento sobre cómo han sido gastados los más de 8 mil millones de dólares de presupuesto público otorgados desde el Departamento de la Seguridad de la Patria.
Lo anterior implica que ahora el negocio de la guerra y de la “seguridad”, con todo y sus usuales esquemas de corrupción, está totalmente fuera de todo control y escrutinio público. Por tanto, sus consecuencias y costes a lo largo del tiempo también lo están. De notarse es que, si bien en Estados Unidos siempre ha habido una dinámica de secretismo típica del capitalismo de Pentágono, tal vez nunca antes lo ha sido en los grados como los de hoy en día.
