* Afecta la soberanía, acusan John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado
JUAN ANTONIO ZUÑIGA (periodista). México, 19 de octubre de 2006:11.
Con el aval del gobierno federal, el Banco Mundial (BM) impulsa y financia desde 2004 un plan transexenal con el propósito de influir en el Poder Judicial de México, que "se sustenta en una serie de programas de reforma, modernización, monitoreo y evaluación de las cortes estatales y ciertamente de la corte federal", advierten John Saxe-Fernández y Gian Carlo Delgado, especialistas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este plan afecta "una de las áreas más sensibles para la soberanía nacional, como es la estructura y el dinamismo del Poder Judicial", e incluye la adopción de intelectuales como "asesores externos", procedentes de instituciones académicas de educación superior, para que legitimen la injerencia del BM en México.
De acuerdo con el documento State Judicial Modernization Supponing Access to Justice Project, clasificado como Reporte No. 27946-MX. Washington, junio de 2004, al BM le interesa influir "en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia y en la reorganización de las cortes estatales, de su área de jurisdicción y de su personal, con ayuda de actores como la comisión nacional de tribunales superiores de justicia y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público", describen.
El documento preveía posibles afectaciones en "la continuidad y compromiso con la modernización" del aparato judicial, por "victorias electorales de partidos de oposición en algunos estados (y a escala federal, acotan los investigadores), que podría resultar en un debilitamiento de la continuidad y compromiso con la modernización".
Esto, continúa el texto reproducido por Saxe y Delgado, "debería mitigarse por medio del involucramiento del plenario del tribunal supremo en la elaboración de planes de modernización de la rama judicial de los estados".
El BM, explican, cubre un periodo transexenal al extenderse de 2005 a 2009, con un monto inicial de 37.5 millones de dólares que no incluye recursos de otros donadores internacionales.
El documento revela que "... el gobierno de Fox asignó alta prioridad a las instituciones judiciales y pidió al BM su ayuda en una junta con (James) Wolfensohn", entonces presidente del organismo. En aquella reunión, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, precisó al BM que "la reforma económica más importante que México necesita es la reforma judicial".
Saxe-Fernández y Delgado destacan que esa solicitud se realizó poco más de dos años antes de las elecciones presidenciales, "teniendo como objeto explícito el de subsumir al (Poder) Judicial bajo los intereses del empresariado nacional e internacional, como los articulados por el Consejo Coordinador Empresarial".
El reporte del BM señala que Banobras, en aquel entonces a cargo de Luis Pazos de la Torre, "... ha decidido abrir una línea de crédito para asistir a los estados en el fortalecimiento de las instituciones judiciales (programa de crédito) y que éste ha tomado la dirección en el desarrollo de acuerdos para asistir las ramas judiciales en la mejora de su actuación".
Según los especialistas, ese plan de crédito "debe leerse correctamente como un programa clientelar de actores puntualmente reconocidos en el documento del BM, como 'gobernadores, jueces, la academia, empresarios, etcétera'". Agregan: "Banobras, un ente que desde la década de 1980 gestiona los fondos del BM en el país, se perfila entonces como el caballo de Troya desde el cual no sólo se influye políticamente y se genera el clientelismo, ahora hacia el interior del (Poder) Judicial, sino que se induce a escenarios de gran corrupción 0, como ha precisado el ex jefe de economistas del BM, Joseph Stiglitz, de 'sobornización'. Todo, contradictoriamente, bajo la cubierta de promover la eficiencia, la transparencia y la lucha contra la corrupción".
Consideran que este proceso de "sobornización" y legitimación de la actuación del BM "es altamente ambicioso, porque contempla su extensión a un periodo de 10 a 15 años, con un gasto adicional que va de los 200 a los 250 millones de dólares".
En este escenario, apuntan, el BM considera instrumento estratégico el desarrollo de la capacidad de Banobras en lo que se asume como un nuevo sector a financiar, el judicial, con colaboración entre la comisión nacional de tribunales superiores de justicia y otros organismos.
Pero también mediante el desarrollo de "un proceso de aprendizaje", impulsado desde la investigación y evaluación de experiencias "desde entes como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Universidad Iberoamericana (UI) y la UNAM". El BM, opinan los investigadores, prevé "la adjudicación de una importante 'masa crítica' de académicos y expertos que legitime su actuación".
Los ejemplos de coparticipación son numerosos: en 1999 el ITAM realizó un estudio sobre "La administración de justicia en las entidades federativas mexicanas a partir del caso de la cartera bancaria", y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un "Diagnóstico sobre la administración de justicia en las entidades federativas", con financiamiento de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos de América (USAID, por sus siglas en inglés), "considerada por algunos como el brazo derecho del aparato de inteligencia de ese país".
Así, "la desnacionalización del (Poder) Judicial queda nítidamente develada con el rol de la USAID en el financiamiento, con unos 55 millones de dólares anuales, de la 'asistencia técnica'" para recomendar acciones que se puedan implementar sin necesidad de reformas legislativas (sic), el entrenamiento directo de jueces, el financiamiento de grupos de trabajo y de mediación con la participación directa de la American Bar Association, etcétera", asientan.
