México, 9 de septiembre de 2006.
ROBERTO GONZALEZ AMADOR
Presentada por sus principales protagonistas como una polémica estrictamente técnica y económica, la discusión para que empresas de telecomunicaciones presten a la vez servicios de telefonía, televisión y transmisión de datos entraña también un componente relacionado con las libertades civiles y políticas hasta ahora desdeñado del debate.
"Estamos hablando de quién o quiénes van a controlar la información, tanto la que se transmite al público como la personal que viaja por correos electrónicos", expone el especialista Gian Carlo Delgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El gobierno mexicano anticipó que la próxima semana publicará un acuerdo que permitiría a empresas telefónicas y de cable ofrecer servicios de telefonía fija, video y conexión a internet a través de una misma conexión de banda ancha, en lo que se ha dado en llamar en la jerga especializada "Acuerdo de Convergencia".
Las empresas de televisión por cable que prestan servicios en el país tienen unos 3.4 millones de usuarios, mientras que la compañía dominante del mercado de telefonía, Teléfonos de México (Telmex), proporciona el servicio de 18.5 millones de líneas fijas, 94 por ciento del total del país.
En los días recientes, Telmex ha manifestado que está de acuerdo con que las empresas de cable y telefonía presten los tres servicios descritos, aunque considera que las firmas de televisión restringida tendrían control sobre los contenidos de programación.
Mientras, las firmas de televisión por cable mantienen la posición de que el título de concesión de Telmex, empresa privatizada en 1990 por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, impide que participe en mercados distintos al de telefonía.
Aun en diversas dependencias del gobierno mexicano hay diferencia de opiniones sobre esta discusión que involucra a varias de las empresas más poderosas del país.
El caso Berlusconi
Como publicó La Jornada esta semana, el secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, manifestó en una carta a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) que el título de concesión de Telmex impide a la empresa del magnate Carlos Slim Helú ofrecer servicios de televisión. Si quiere hacerlo, según Gil Díaz, debe pagar una "contraprestación" al Estado para que sea modificado el título de concesión.
A su vez, Pedro Cerisola, titular de Comunicaciones y Transportes, considera que Gil Díaz no tiene razón y que no existe ninguna disposición legal o administrativa que obligue a la telefónica al pago de una contraprestación por realizar actividades no previstas en el título de concesión.
Sin embargo, especialistas como Gian Carlo Delgado opinan que la discusión no debe ser sólo de carácter económico, financiero o técnico.
"La tendencia internacional ha sido a la integración horizontal de industrias estratégicas, como lo hemos visto en el sector energético en los años recientes", apuntó en declaraciones a La Jornada. "Se trata de un mecanismo para hacer más grande el negocio, y ese tipo de integración también ha ocurrido en las telecomunicaciones".
La industria de telecomunicaciones en México ha sido uno de los sectores más dinámicos de la economía, con tasas de crecimiento de 25 por ciento anual en el reciente trienio, periodo en que el producto interno bruto no ha superado 4.4 por ciento anual. Se trata de un sector que, como es aceptado, será determinante en los procesos de acumulación de capital -y seguro también de poder político- en los decenios por venir.
"La integración horizontal en las telecomunicaciones -abunda Delgado- también es una forma de conformar monopolios". Expone: "Existe el caso de Italia, donde la concentración de la industria llevó a que fuera controlada por el empresario Silvio Berlusconi, a la postre también primer ministro de ese país". Entonces, añade, la concentración de la industria tiene también un componente político que no se ha debatido en México "y que es relevante dado el comportamiento que ya vimos que tuvieron los grandes grupos de comunicación en el actual proceso electoral mexicano".
Otro aspecto que no ha sido discutido públicamente y que a su juicio cobra relevancia ya que el actual gobierno mexicano ha integrado al país a la órbita de seguridad de Estados Unidos, mediante acuerdos como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, en la que participa también Canadá.
"En Estados Unidos, las empresas de telecomunicaciones han sido forzadas por las agencias de seguridad a compartir información privada de usuarios de la Internet; así como China Yahoo! entregó al gobierno de Pekín correos electrónicos y bloggs de críticos del régimen", comentó.
Para Gian Carlo Delgado "el sector de telecomunicaciones no debe ser visto sólo bajo la óptica del negocio, porque involucra también derechos como la libertad de expresión y las libertades civiles, y si no es bien regulado hay riesgos en que el gobierno, como el de México, entregue su control a un puñado de empresas".
¿Competencia o monopolio?
Sobre el tema de la regulación y la competencia, también planteó interrogantes el especialista Marcos Avalos Bracho, consultor de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). "El de telecomunicaciones es un sector complicado", añadió el también profesor e investigador de la Universidad Anáhuac.
"Un tema importante de discusión es si las reglas existentes y las que se proponen (en el 'Acuerdo de Convergencia') efectivamente van a ofrecer competencia o van a crear un mercado controlado por un puñado de compañías poderosas", dijo a La Jornada Avalos Bracho, especialista en temas de competencia económica.
En teoría, añadió, el simple hecho de que haya pocas empresas que presten un servicio no inhibe la competencia. Lo que despierta dudas, expuso, es el caso de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), entidad encargada de regular al sector, y que está presidida por Héctor Osuna, ex senador del Partido Acción Nacional, promotor en la anterior legislatura de la ley que amplió los privilegios económicos de que disfrutan las televisoras privadas del país.
Aunque Teléfonos de México ahora plantea que sea modificado su título de concesión, en el que se le impide expresamente que preste servicios diferentes al de telefonía, la compañía de Carlos Slim se opuso tajantemente en 2000 a que fuera cambiado ese documento.
En aquel año, cuando la Cofetel intentó establecer obligaciones específicas a Telmex relacionadas con tarifas, calidad de servicio e información, en su carácter de concesionario de telecomunicaciones con poder sustancial en algunos mercados relevantes, la telefónica argumentó que la modificación de su título de concesión implicaba responsabilidad jurídica del gobierno mexicano, pues esto representaba incumplimiento del contrato de compraventa de la serie de acciones AA de Telmex con el gobierno federal.
