Deuda y ecología política de los minerales no energéticos en AL
Gian Carlo Delgado Ramos
Publicado en:
MEMORIA. Número América Latina | 203 / enero 2006 |
http://memoria.com.mx
AMBIENTICO. No. 145 Costa Rica, octubre de 2005 (Título: "Metales en América: explotación y ambiente. El caso tico de Glencairn) www.ambientico.una.ac.cr
Abstract
En América Latina la ecología política de los minerales no energéticos es particularmente delicada pues esa industria extractiva, altamente devastadora ambiental y socialmente, está vinculada sobre todo a la transferencia de excedentes hacia los estados capitalistas centrales, sobre todo hacia Estados Unidos, un país que en los últimos 50 años ha visto aumentar dramáticamente su dependencia a las exportaciones de minerales estratégicos. Una revisión del panorama actual devela la creciente y sostenida deuda ecológica que el Norte debe al Sur a causa de una actividad, entre otras, a la que públicamente no suele ponerse ya mucha atención.
Palabras clave: minerales estratégicos, deuda ecológica, transferencia de excedentes, ecología política, medio ambiente.
Introducción
En América Latina (AL) como en el resto de estados capitalistas periféricos (ECP), la problemática ambiental vinculada a la minería es particularmente delicada pues los ritmos de explotación y de generación de residuos contaminantes sobrepasa la capacidad de los ecosistemas. Se trata de uno de los principales resultados de la constante y creciente transferencia de riqueza que tiene como sustento el pago de las deudas externas y que sólo ha sido posible a través de la anuencia de una oligarquía local para consolidar el saqueo mediante el aumento genuino de la productividad, el empobrecimiento de las personas de los países deudores y el mencionado abuso a la naturaleza. Tal saqueo Norte-Sur no se limita a los últimos tiempos, tiene sus orígenes desde la época colonial cuando por ejemplo, se calcula que representó entre 1503 y 1660, en base a datos de los Archivos de las Indias, una extracción tan sólo de metales preciosos por unos 185 mil kilos de oro y unos 16 millones de kilos de plata. Para el caso puntual de México, la extracción de plata entre 1521 y 1921 representó cerca de dos terceras partes del total de la producción mundial de ese metal o más de 155,000 toneladas con un valor estimado para ese último año de 3 mil millones de dólares. Los impactos ecosociales de la explotación de tales minerales, si bien fueron devastadores, no podían alcanzar las dimensiones insostenibles que se registran debido al empleo de tecnologías y técnicas propias del siglo XX y XXI.
Ahora bien, vale puntualizar que AL ha sido fuente no sólo de recursos valiosos como el oro o la plata (o lo que se conoce en la teoría-mundo como preciosities), sino también de diversas materias primas que se han caracterizado por tener un bajo precio y que son extraídas fundamentalmente para su exportación a granel (o bulk commodities); un rol que en la actualidad continúa siendo central y que es llevado a cabo ya no por el aparato de ‘funcionarios’ de la Colonia sino por actores empresariales de los ECC y de aquellos nacionales/locales, independientemente de que muchas veces estos últimos terminen siendo socios de los primeros.
Tal mecanismo de transferencia de la riqueza natural se ha venido consolidando, por un lado, a partir del ya indicado pago de intereses de las deudas externas que tienen los países en cuestión y; por el otro lado, desde un sostenido comercio ecológicamente desigual que se caracteriza tanto, por una fuerte divergencia del tiempo -natural- necesario para producir los bienes exportados por los ECP (un tiempo mucho más largo que aquel que requieren los bienes –industriales- y servicios de los ECC), como por la falta de incorporación de los “costes ambientales” en los precios de las exportaciones de los ECP (caso de la explotación minera y que incluye la de los hidrocarburos).
Diversos estudios sobre el saqueo de los recursos naturales de AL han sido realizados desde hace ya varios años. Entre los más conocidos destaca el trabajo de Eduardo Galeano o el de Jacobo Schatan . En el mismo tenor y como respuesta a tal saqueo, una serie de especialistas en la materia han venido hablando correctamente -ya desde 1992 con el Instituto de Ecología Política de Chile (IEP) - de una Deuda Ecológica que tienen los países del Norte con los del Sur ya que éstos últimos, como se puntualizó, tienen que aumentar su productividad y sobreexplotar sus recursos naturales. Y, como se suele decir en la juerga de la economía ecológica, dado que los tipos de interés son usualmente altos y el peso de la deuda es grande, se infravalora el futuro y se relegan las cuestiones ambientales a favor del presente.
No sorprenden entonces los datos proporcionados en 1999 por Schatan cuando indicaba que, “…el volumen de exportaciones de AL ha aumentado desde 1980 hasta 1995 en un 245 por ciento. Entre 1985 y 1996 se habían extraído y enviado al exterior 2,706 millones de toneladas de productos básicos, la mayoría de ellos no renovables. El 88% corresponde a minerales y petróleo. Haciendo una proyección hacia el 2016 se calcula que el total de exportaciones de bienes materiales de AL hacia el Norte sería de 11,000 millones de toneladas. Entre 1982 y hasta 1996, en catorce años, AL había pagado 739,900 millones de dólares, es decir, más del doble de lo que debía en 1982 -unos 300,000 millones de dólares- y sin embargo seguía debiendo 607,230 millones de dólares.” La tendencia se mantiene hasta ahora.
En este último punto, un estudio de Saxe-Fernández y Núñez corrobora los datos anteriores y, además, muestra que entre 1976 y 1997 AL realizó una transferencia total de excedentes (no sólo de pago de intereses de deuda) a favor de los países ricos, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de EUA.
El impacto medioambiental (y social) en AL, como puede deducirse, es de orden mayor. Un panorama que se recrudece si se contemplan las diversas infraestructuras que se han emplazado y se tienen proyectadas como parte de proyectos de ‘desarrollo” de tipo extractivo e industrial-maquilador (autopistas, ferrocarriles de alta velocidad, hidroeléctricas, hidrovías, etcétera). Ello es así porque, por un lado, tal infraestructura impacta directamente en los ecosistemas, muchas veces de modo irreversible; y porque, por el otro lado, justamente esa infraestructura es la que permite intensificar la explotación de los ecosistemas para facilitar la transferencia de riqueza a favor de los acreedores, particularmente de EUA, una potencia que históricamente ha mantenido una vasta proyección militar sobre la región y en zonas con recursos estratégicos. Y es que como se sabe, “…las regiones del trópico combinan su alta incidencia de biodiversidad con las altas concentraciones de minerales. Juntas…[a nivel mundial]…representan importantes centros de producción de minerales con el 17.4% del hierro, 14.2 del cobre, 2.2% del oro y el 50.4% de bauxita.” Esas mismas zonas megadiversas atraen las lluvias y la humedad atmosférica, factores que contribuyen incrementar sus importantes reservas de agua dulce.
Por dar un ejemplo de la riqueza mineral en el hemisferio, cabe indicar que se sabe que desde la parte central del Istmo de Tehuantepec –México- (Sierra Mixe, Chimalapas y parte de Uxpanapa), y en dirección sureste, la topografía se comprime por la presión de las placas continentales del Golfo de México y sobre todo, el Golfo de Tehuantepec, presentándose la formación de abruptas sierras, cubiertas de extensos bosques y selvas con afloramientos rocosos y con presencia de yacimientos de hierro y regiones con potencial no metálico en barito, fluorespato, grafito, cuarzo, calcita, dolomita, puzol, toba, mármol, yeso, amatista, caliza, granito y titanio, así como cobalto, níquel, cromo, potasio, mica, tungsteno, calhidra, y fosforita. En Centroamérica se pueden encontrar yacimientos de oro en Nicaragua y Costa Rica, y en menor medida en Honduras y Panamá; de plata en Honduras; de cobre en Honduras y Panamá. Afloramientos no metálicos como azufre, asbesto, granito, cemento, etcétera, se concentran en Guatemala, El Salvador y en menor medida en Honduras.
Así, tomando nota de la riqueza, en este caso del subsuelo mesoamericano, resulta fundamental un balance de los ritmos de saqueo de esa riqueza y de las reservas remanentes. Especial atención requiere el carácter geoeconómico y geopolítico de los recursos per se donde hay que tener presente que organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo se colocan como verdaderos instrumentos de proyección de la Pax Americana y, dado que EUA claramente tiene una marcada ventaja hemisférica (de proyección económica y diplomilitar), la lectura se hace desde la perspectiva de la histórica dependencia estadounidense de recursos naturales del hemisferio.
EUA y la transferencia de la riqueza mineral latinoamericana
Como es de conocimiento público, la dependencia estadounidense, en primer plano, de petróleo y, en segundo plano, de minerales, es un hecho cada vez más agudo. Se trata de un hecho que desde la segunda guerra mundial era reconocido por William Clayton, entonces subsecretario de Estado de esa potencia norteña cuando indicó que: “…debido al serio desgaste de nuestros recursos naturales durante la guerra, debemos ahora importar muchos minerales y metales…Ciertamente hoy somos importadores netos de casi todos los metales y minerales importantes excepto dos, el carbón y el petróleo. Quién sabe por cuánto tiempo podremos seguir adelante sin importar petróleo.”
Y en efecto, la dependencia de EUA a las importaciones de esos recursos no sólo se ha mantenido sino que ha aumentado a ritmos preocupantes. En el caso del petróleo, ésta pasó en 1973 de ser del 28% a cerca del 55% en 2003 y se calcula que para el 2025 será de un 70 por ciento. Para 2002, los 4 principales países exportadores de crudo y sus derivados hacia EUA eran, Canadá con cerca de 2 millones de barriles diarios, Arabia Saudita y México con poco más de 1 millón y medio de barriles diarios respectivamente (Arabia Saudita exporta tan solo 5 mil barriles diarios más) y, Venezuela con casi un millón 400 mil barriles diarios. En el hemisferio, Colombia aporta 260 mil barriles diarios. Los datos anteriores revelan la verdadera importancia de las reservas petroleras hemisféricas para la economía estadounidense a lo largo del siglo XX, y ciertamente principios del siglo XXI, momento en el que tales reservas mantenían una posición por encima de las reservas de Medio Oriente o Rusia.
Sin indagar en el caso puntual del petróleo, del gas o del resto de combustibles fósiles, y volviendo a nuestro hilo temático central, en cuanto a minerales no energéticos, EUA dependía, cuando menos desde la segunda guerra mundial, en un grado creciente de las importaciones. Esa dependencia según da cuenta un estudio de Saxe-Fernández de 1979 registró para ese entonces porcentajes importantes de dependencia en minerales estratégicos tanto en el caso de EUA y Europa: bauxita en un 88% y 50% de su consumo era importado respectivamente), el cobre en un 16% y 99%; el níquel en un 61% y 90%; el plomo en 12% y 85%; el zinc en 60% y 74%; los de estaño en 75% y 90%; los de cobalto en 94% y 98%; los de hierro en 35% y 85%, los de manganeso en 100% y 99%; y los de cromo en 90% y 95% respectivamente. En los primeros años del siglo XXI la dependencia estadounidense (y en buena medida europea) era total en minerales como el arsénico, asbestos, bauxita, grafito, o manganeso. En el caso de EUA, casi en su totalidad en minerales como platino, diamante industrial, barita, cobalto, cromo, manganeso, potasio o titanio. Y, con poco más o poco menos de la mitad de dependencia se colocaban minerales como el silicón, zinc, plata, cobre, aluminio, amoniaco o el níquel.
En el caso del oro, un metal estratégico en el marco del funcionamiento de la economía mundo, se viene registrando un boom en su extracción que encuentra su origen en la creciente inseguridad económica de principios del siglo XXI pero que viene gestándose desde por lo menos la década de 1980. En particular destaca la inestabilidad de la economía estadounidense que, a la par de la aparición del euro, ha generado una estrepitosa caída de las reservas internacionales en dólares que pasó, a nivel mundial, del 76% en 1976 al 50% en 1990. Junto al aumento de los petroprecios y la profundización de la deuda de esa potencia norteña las expectativas de una convulsión económica mundial es probable, escenario en el que el oro juega un rol fundamental precisamente porque unilateralmente Nixon desvinculó el dólar del oro en 1971 con el objeto de descargar sobre el resto del mundo los costos del elevado déficit fiscal de EUA por la vía del dólar (de ahí que se calcule que EUA depende, para salir del atolladero y enfrentar sus necesidades de financiamiento, de unos 2 mil millones de dólares diarios del exterior o el equivalente al ahorro total generado por las exportaciones de todos los países de Asia y Europa). Ante un eventual escenario de esa naturaleza se puede deducir que el oro ya comienza a ser una inversión refugio para salvaguardar el valor de los capitales ante una potencial devaluación del todavía papel moneda más importante de la economía mundo. La agudización de la crisis en 1982 corrobora tal tendencia ya que los precios del oro alcanzaron índices astronómicos.
Por lo anterior, es de esperarse que la extensión de las actividades mineras de oro se mantenga a pesar de los costes ambientales que pudieran implicar; ello sobre todo y por el momento en los países del Sur ya que el actual precio del oro hace que excavar en uno de estos países sea más ventajoso que hacerlo en los países del Norte debido al bajo retorno de ganancias en esos últimos. Se sabe, por ejemplo, que en Canadá extraer una onza de oro cuesta alrededor de $325/oz y como el valor está ligeramente sobre los $400 no vale la pena invertir tanto por tan poco retorno. No obstante, de aumentar el precio del oro, por ejemplo a los $900/oz que es lo que los expertos estiman podría llegar a ser el valor del oro en los próximos años, las minas del Norte podrían comenzar a ser objeto de explotación rentable. Por ejemplo, Canadá podría figurar como una reserva importante de oro en un escenario de ese tipo y que, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en función, se estaría especulando de una transferencia de ese mineral hacia EUA, aunque en efecto con rangos de saqueo menores a los efectuados en AL pero con similares grados de devastación ambiental y de costos sociales (véase más adelante).
Ahora bien, de los minerales no preciosos que destacan por su dimensión de uso, vale puntualizar el caso del aluminio, el cobre, el zinc y el níquel.
La dependencia estadounidense de aluminio rondó, para principios del siglo XXI, el 40% del consumo de esa potencia, que en términos concretos asciende a más de 4 mil toneladas métricas. Si se mide en términos de alúmina o bauxita la dependencia es total, alcanzando importaciones para el 2003 de cerca de 9 millones de toneladas métricas.
Si hablamos de aluminio (alúmina y bauxita procesadas), Canadá aportó el 59% de las importaciones estadounidenses del mineral, Venezuela el 5% y México el 2 por ciento. En total AL cubrió dos terceras partes del aluminio importado. Si nos referimos a bauxita, estas provinieron, de AL, en un 35% de Jamaica, en un 11% de Guyana y en un 10% de Brasil. Si se trata de alúmina, las importaciones fueron cubiertas en 10% por Jamaica.
Las cifras anteriores toman las dimensiones geoeconómicas y geopolíticas adecuadas cuando se tiene en consideración que la tercera parte de las reservas mundiales de bauxita se localizan en Sudamérica, particularmente en Brasil donde según estimaciones de fines del siglo XX se encuentran reservas por 2 millones y medio de toneladas métricas. Le sigue Jamaica con una suma similar, Guyana con 900 mil y Venezuela con 350 mil toneladas métricas. Así pues, dado el abanico de usos del mineral, empresas como Alcoa (EUA) se han avalanzado hacia las reservas latinoamericanas de aluminio (alúmina y bauxita) fomentando e incluso financiando el emplazamiento de hidroeléctricas para que produzcan la energía necesaria para transformar el mineral en aluminio, un proceso que requiere grandes cantidades de electricidad y que en Sudamérica es abastecida en un 91% por hidroeléctricas. El impacto ecológico y social como consecuencia del emplazamiento de tales hidroeléctricas y sus embalses, así como del proceso de extracción del aluminio ya es mayor lo que hace que la producción del mineral arrastre consigo una pesada mochila ecológica que en el marco del comercio internacional coloca la venta de aluminio como una transacción de fuerte comercio desigual.
En el caso del cobre, la dependencia estadounidense figuró con cifras similares a las del aluminio. En este caso con un 40% del consumo nacional que fue cubierto, a principios del siglo XXI, con importaciones provenientes de Canadá en un 28%, Chile en un 26%, Perú en 23% y México en un 9 por ciento. El monto total de cobre importado por EUA ascendió en 2003 a casi 900 mil toneladas métricas de mineral refinado y a un millón 140 mil sin manufacturar. Entre las reservas más importantes de cobre en el hemisferio y que históricamente han sido transferidas a pesar de los altos costos ambientales hacia EUA u otros países como Japón y China que ahora se colocan a nivel mundial como importadores netos de cobre por encima de EUA, están las chilenas con cerca de 360 millones de toneladas métricas o el 35-40% de las reservas mundiales. Otras menos relevantes por su cantidad son las peruanas con 60 millones y las mexicanas con 40 millones de toneladas métricas. Entre los impactos de la producción de cobre que se han registrado están las fuertes emisiones de dióxido de azufre, de arsénico y de material partículado, así como la contaminación de suelos y aguas con materiales tóxicos.
La importación de níquel por parte de EUA representó para principios del siglo XXI poco más del 50% de su consumo nacional o un equivalente de 135 mil toneladas métricas para el año 2003. Su dependencia a reservas extranjeras fue mayor, sobre todo si se considera que el níquel tiene diversos usos, entre el más importante el de otorgar propiedades anticorrosivas al acero (acero inoxidable) y a otros materiales, de ahí que sea un elemento central para la industria aeroespacial. Canadá con unas reservas de 15 millones de toneladas métricas cubrió el 40% de las importaciones estadounidenses, pero las reservas latinoamericanas claramente se perfilaron como estratégicas pues son considerables. Tan solo Cuba cuenta con unos 23 millones de toneladas métricas, Brasil 8 millones, Colombia y República Dominicana un millón respectivamente y Venezuela unas 630 mil. No sobra indicar que es tal el grado estratégico de las reservas de níquel (y cobalto) cubanas que China pactó, en los primeros años del siglo XXI, fuertes inversiones en la Isla para satisfacer sus propias demandas, una operación que confrontó los intereses de EUA ya que en medio del crudo bloqueo que ha impuesto ese último, no le es posible acceder a tal recurso, ni siquiera a través de sus multinacionales y subsidiarias.
Los impactos ambientales de la extracción de níquel sugieren ser similares a los del resto de las actividades mineras. Su consumo en grandes concentraciones está vinculado al cáncer nasal y de pulmón.
Tomando nota de lo anterior, los movimientos ecológicos en AL han considerado a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI que las actividades mineras son altamente agresivas al medio ambiente y la población. En general sus reclamos concretos han sido por los impactos negativos en el suelo, aire y aguas superficiales y freáticas, los impactos sobre la biodiversidad y los cambios inducidos a los microclimas, entre otras cuestiones como lo son las relacionadas a la salud de los trabajadores que son intensamente explotados bajo condiciones límite y de alto riesgo. Confirman, por tanto, que las compañías mineras -las más grandes y en su mayoría de origen extranjero- se aprovechan del desconocimiento y la falta de conciencia sobre el impacto y los efectos perjudiciales que causan, no consultan a las comunidades en donde se realiza la exploración y explotación minera, y constantemente cometen violaciones a los derechos humanos.
A tales aspectos negativos de la actividad minera se suman los repetidos accidentes –muchas de las veces a causa de intransigencia- como fue el escandaloso vertido tóxico de la mina de pirita de Porco, en Bolivia en agosto de 1996. Entonces se vertieron 235 mil m3 de desechos sólidos y líquidos a la quebrada del río Pilaya, parte de una subcuenca del río Pilcomayo; las consecuencias fueron graves y sus efectos se extienden aún hacia Argentina, Bolivia y Paraguay.
En resumen, tales costos ambientales, son algunos de los que AL ha venido pagando a cuenta propia para, ante todo, cubrir los intereses de las impagables deudas externas mediante el remate de recursos naturales estratégicos cuyo valor de mercado, como se ha indicado, no representa el verdadero coste de su producción. El rol del BM y otros organismos similares ha sido central. El BM rutinariamente ha asesorado a los países para facilitar la minería de gran escala a cargo de multinacionales extranjeras mediante la “modernización” de sus legislaciones. Como se puede leer en Extracting Promises, “…en Colombia, las reservas de minerales, petróleo y gas han sido explotadas por diversas empresas que disfrutan de impunidad legal violando regularmente las leyes nacionales y usando medidas severas de represión para sobreponerse a la resistencia social local. En Ecuador, el BM también ha promovido la extracción minera sin considerar los derechos de los pueblos indígenas o sin evaluar las consecuencias de la intensificación de la extracción de minerales.”
Ahora bien, vale puntualizar que EUA y sus instrumentos de proyección hegemónica como el Banco Mundial no son los únicos actores norteños operando en AL. Diversas multinacionales europeas, asiáticas (sobre todo Chinas) y canadienses vienen operando en ésta y otras actividades extractivas de los recursos estratégicos latinoamericanos. El caso Canadiense resulta de interés puesto que se trata de otro actor hemisférico que triangula buena parte de la transferencia de recursos naturales latinoamericanos hacia dentro de sus fronteras y hacia EUA por medio del TLCAN (contexto en el que suma una canasta de recursos naturales propios). El daño ambiental que dicho saqueo implica en AL (y en Canadá) entre otros factores son bien ejemplificados en el caso del proyecto Bellavista de Glencairn Gold Corporation en Costa Rica, donde particularmente llama la atención la reacción de la multinacional ante denuncias sociales de sus operaciones cuando decidió demandar a las ONG involucradas usando el método de SLAPS o juicios estratégicos que tradicionalmente han sido empleados por las multinacionales para silenciar a la disidencia. La ilustración demuestra doblemente la verdadera cara de la minera.
• El caso de Glencairn en Costa Rica
Glancairn Gold Corporation, una multinacional con sede en Canadá, opera con dos proyectos en Centroamérica, uno denominado Limón (Nicaragua) y otro Bellavista (Miramar, Montes de Oro. Costa Rica). El primero es una mina cerrada, mientras que el segundo es un campo de explotación a cielo abierto que hace uso de cianuro para obtener el oro.
El caso tico de Bellavista no destaca solo por las características de explotación o por sus dimensiones (de 2 mil hectáreas) sino por ser uno de los más recientes intentos de saqueo de riqueza por parte de un actor norteño con altos costes ambientales y, sobre todo, porque actualmente se encuentra abierto un proceso de demanda iniciado por la multinacional al acusar por difamación al Comité Canadiense para Combatir los Crímenes contra la Humanidad (CCCCH) quien denunció, junto con otros actores ticos, los altos costes ambientales del proyecto y el turbio escenario dentro del cual la multinacional obtuvo los permisos de actividad minera en Costa Rica. Ello coloca a este caso como un espacio de pelea no sólo por la libertad de expresión, sino por un ambiente sano para los costarricenses (véase más adelante), pero también, para otras luchas similares a lo largo y ancho de AL.
El proceso legal nace cuando se denuncia, desde la Asociación de Ecologistas de las Comunidades del Golfo de Nicoya y el CCCCH, el contexto en el que la multinacional obtiene derechos de explotación adquiridos supuestamente en forma fraudulenta durante la presidencia de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), quien fuese poco después arrestado por las autoridades ticas con cargos de corrupción. Según esa asociación, el pago de sobornos no es algo descartable de entre los 62 millones de dólares invertidos por la multinacional en el país, por lo que exigió la investigación a los permisos otorgados a Glencairn y a Vannessa Ventures (Canadá), otra multinacional que desde Industrias Infinito S.A. opera en el yacimiento de oro de Crucitas (CR). La investigación es fundamental pues es cierto que hasta mediados de 2005 no había pruebas que demostraran lo anterior.
Como respuesta a la denuncia, Glencairn decidió entablar una demanda por 17 millones de dólares en contra de la ONG canadiense y por 250 mil dólares a cada uno de sus directivos por cargos de difamación. Al mismo tiempo, a nivel público general, la multinacional señaló en diciembre de 2004, en boca de su presidente y director ejecutivo Kerry Knoll que se tratan de “…acciones que simplemente son el último paso de una campaña de un pequeño grupo compuesto por añejos oponentes al proyecto minero de Bellavista con el objeto de retrasar su construcción y operación. No hay ningún fundamento para sus alegaciones. Estos mismos individuos han probado muchas veces llevar el caso a Cortes y a instancias administrativas y han fallado completamente. No hay ninguna razón para creer que el resultado será diferente esta vez.”
Como indica el CCCCH, la demanda de la multinacional por difamación es ridícula pues los documentos dados a conocer por el CCCCH fueron enviados con antelación al Procurador General de Canadá, el Honorable Irwin Cotler, quien comunicó por escrito que los documentos habían sido enviados a Anne McLellan, vice-Primer Ministro de Canadá y, simultáneamente, Ministro de Seguridad Pública (Deputy Prime Minister and Minister of Public Safety and Emergendy Preparedness). La reacción de demanda por parte de Glancairn en contra del CCCCH resulta llamativa sobre todo porque, como escriben estos últimos citando El Quijote, “…cuando los perros ladran, Sancho, es que vamos caminando.” Vale entonces decir que, cuando no hay nada que esconder el diálogo abierto es la opción más constructiva, pero el caso no sugiere ser ése pues la reacción de Glencairn apuesta más a golpear la denuncia social, lo que sugiere que lo que de fondo está en juego es el hecho de que se trata de un proyecto altamente devastador del medio ambiente. Ante ello, y como se indicó, el caso por difamación podría ser calificado, desde su perspectiva opuesta, como una violación a la libre expresión y por tanto, de no ser resuelto a nivel nacional, llevado a la Corte Internacional y/o Interamericana de Derechos Humanos.
Ahora bien, lo que aquí interesa sobre todo es la problemática ambiental del proyecto Bellavista. Según denuncian esas organizaciones civiles, Glencairn recibió los permisos ambientales de minería a cielo abierto (por lixiviación con cianuro) en la zona alta del río Ciruelas, un área importante como fuente de agua para diversas actividades en el Golfo de Nicoya. Tales permisos, cuando menos totalmente irresponsables por parte del gobierno tico, se basan en un estudio medioambiental ampliamente negativo puesto que los impactos, sobre todo de contaminación de aire, suelos y aguas superficiales y subterráneas, serían enormes pues el cianuro se coloca como una de las sustancias más tóxicas que existen. En este sentido, la Resolución de la Sala Constitucional de Costa Rica del 13 de mayo de 2005 , si bien se posiciona a favor de Glencairn en el sentido de la legalidad de sus permisos y por tanto de sus actividades, sí afirma implícitamente que el procedimiento utilizado por la multinacional es altamente contaminante. Según se puede leer, es necesario “…adoptar las medidas pertinentes dirigidas a garantizar que no se producirá contaminación en los mantos freáticos…[que] se adopten las medidas de seguridad, y se emplee la tecnología necesaria a efecto de garantizar un adecuado manejo de todas las sustancias químicas que se tiene planeado utilizar en el proyecto minero, en especial el cianuro de sodio, de manera que no se produzca afectación al ambiente, ni a los seres humanos…[o que se] deberán realizar los estudios pertinentes a efecto de determinar la incidencia de drenaje ácido en el proyecto minero, y luego deberán tomarse las medidas preventivas con el fin de mitigar sus efectos, no solamente durante el período operativo y el de clausura del proyecto, sino también con posterioridad del cierre…”
Lo que debe llamar la atención de la resolución anterior es que un Tribunal Supremo reconoce que hay contaminación. Y es que resulta innegable lo anterior puesto que las experiencias registradas en la literatura ampliamente coinciden en señalar que esta modalidad de explotación minera es la más agresiva medioambientalmente hablando así como en sus efectos a la salud. Por ejemplo, como es sabido, la minería a cielo abierto remueve la capa superficial de la tierra para hacer accesibles los yacimientos de mineral de baja calidad. Los modernos equipos de excavación, las cintas transportadoras, la gran maquinaria, entre otras infraestructuras permiten remover grandes cantidades de tierra en cuestión de horas, haciendo rentable en muchas ocasiones la extracción de un gramo de oro por tonelada de material removido. El resultado son grandes cráteres de hasta 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad a la par de contaminación de suelos, aire y agua por uso de cianuro.
Dado que dichos aspectos negativos de la minería a cielo abierto no son menores y difícilmente pueden pasar desapercibidos, la cúpula de políticos ticos se ha visto orillada a reconocer dichos impactos en el ámbito legal con la formalización de prohibición de cualquier proyecto de esa naturaleza en el futuro, no obstante, tal medida no incluyó las actividades de Glancairn lo que sugiere ser más una medida coyuntural de tipo preventiva ante cuadros de descontento social, que de una verdadera preocupación por el medio ambiente de ese país y de su población. El asunto de dejar pasar un proyecto de esta naturaleza no es menor pues los casos de desastres medioambientales son numerosos; tómese nota de aquel que ocasionó la actividad minera de oro a cielo abierto en el río Vila Nova al sudoeste de Brasil donde los casos de afectados y muertos por contacto e ingesta de agua contaminada por cianuro siguen persistiendo a casi 10 años de haberse terminado dicha actividad. Por tanto cabe preguntarse si el oro que se extraería, para costear a final de cuentas el servicio de la deuda de ese país o para cubrir otros gastos improductivos, vale la muerte del ecosistema de esa zona y los costos a la salud de sus habitantes.
Por ende, considerando lo arriba señalado, el proceso legal en el que están envueltas las ONG arriba mencionadas ante la Corte Superior de Justicia de Ontario debería ser apoyado y canalizado decididamente por la población y el gobierno tico para la cancelación del proyecto y, en su caso, para la solicitud del pago de compensaciones para cada uno de los afectados por ése, así como para la constitución de un fondo que financie programas de recuperación medioambiental de la zona como consecuencia de la infraestructura ya emplazada ahí.
Y, aunque el caso Glancairn no trata de una multinacional estadounidense, sí hace un llamado a la urgente necesidad de generar conciencia social del cómo y en qué están operando diversas multinacionales involucradas en la explotación y saqueo de los recursos latinoamericanos, pero sobre todo de poner particular atención en aquellas multinacionales estadounidenses y sus subsidiarias o socios pues es ese país el que succiona la mayor cantidad de riqueza de la zona (tal y como ha sido mostrado anteriormente); aunque no ciertamente el único (como lo prueba el caso de Bellavista).
El diálogo activo y la participación pública en el quehacer político entre la población, los gobiernos latinoamericanos y los actores interesados en la explotación de los recursos naturales de la zona deberá ser el eje central operativo para definir su viabilidad, siempre teniendo como fundamento la integridad del medio ambiente y de la soberanía y la seguridad nacional de las naciones de AL. El meollo del asunto es que no debería de caber duda que un medio ambiente sano es invaluable para las generaciones actuales y futuras más allá de cualquier propósito de acumulación de capital. Un ecosistema provee aire, agua y alimentos fundamentales para la vida humana y de otras especies, el oro ni se respira, ni se bebe ni se come, es más, ni siquiera es indispensable para la producción del sustento material humano. Y es que no se trata de oponerse a todo esquema de explotación de recursos naturales en AL (o el mundo), sino de todo aquel que en busca de beneficios privados –y en su mayoría extranjeros- atente en contra de los ecosistemas y la calidad de vida y la salud de la población actual y venidera.
