Gian Carlo Delgado Ramos
Ambientico. No. 113. Universidad Nacional.
Costa Rica, febrero de 2003.
http://www.una.ac.cr/ambi/Ambien-Tico/113/Delagado.htm
Acertadamente, Saxe-Fernández (2002) ha calificado como compra-venta de México el proceso de desnacionalización integral de los activos estratégicos del país: "el entonces vicepresidente de EU, Albert Gore, expresó poco antes de que el tratado [Tratado de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN] fuera aprobado en el Congreso de su país, [que]: 'el TLCAN es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska' ". Resultado de una ecuación de poder en la cambiante correlación de fuerzas externas e internas, y aunque la compra-venta y el saqueo del país se identifican históricamente desde la colonia, en su modalidad de finales del siglo XX ese proceso se formalizó con la firma del TLCAN por parte de las élites del poder del país norteño y su contraparte mexicana o, mejor dicho, con el grupo de country managers (según expresión del ex presidente tico Rodrigo Carazo, citado por Saxe) de EU en México. El TLCAN, como se puede constatar a poco más de nueve años de que formalmente entrara en vigor, lejos de beneficiar al país y a su gente, ha garantizado, bajo la figura de acuerdo comercial, el aumento indiscriminado de las inversiones extranjeras como "motor de la economía nacional", al tiempo que ha "comprometido" al país a abrir crecientemente el mercado nacional a los productos altamente subsidiados y tecnificados de EU -y en menor medida de Canadá. Ello trajo, entre otras consecuencias y como parte de esa "nueva realidad internacional", un Iguazú de procesos de privatización de los activos estratégicos de México. Comenzó por ferrocarriles y carreteras, para luego extenderse, mediante iniciativas y proyectos de privatización formal, o de facto, al sistema bancario y de pensiones, a puertos y aeropuertos, a telecomunicaciones y al espacio satelital, a sistemas de almacenamiento, distribución y tratamiento de agua, a gas, electricidad y petróleo, a minerales, etcétera. Desde luego, inclúyanse, además de los recursos naturales mencionados, otros que han sido transferidos, sea a partir de la concesión de las principales operaciones extractivas, o bien bajo la lógica del comercio internacional a precios de "socio comercial", los cuales, por supuesto, no consideran el impacto ambiental en parte producido por la intensidad de su explotación. Me refiero al saqueo de recursos como madera y celulosa para la producción de papel, fibras, chicle y látex, y a toda la biodiversidad de interés comercial, incluyendo su capacidad como "banco de genes" al servicio de las multinacionales biotecnológicas y afines (Delgado 2002).
Las implicaciones de la desnacionalización de esos activos son de orden mayor, incluyendo los últimos a los que se les podrían llamar activos naturales -siguiendo irónicamente la propuesta oficial privatizadora de los "activos de la nación" y que no se refiere propiamente a la de los recursos naturales. Todo lo que un país defiende en caso de guerra es justamente lo que ha venido siendo objeto de compra-venta, por lo que, de suceder una "desestabilización social interna" como consecuencia de la subasta del país, es más que factible que sea EU quien defienda, en territorio mexicano, lo que "compraron" sus empresarios bajo el velo del TLCAN (considérense también ahí las concesiones extractivas "otorgadas", muchas de ellas operando en territorios indígenas y campesinos).
En tal sentido, no es de extrañar que uno de los principales objetivos del TLCAN sea garantizar la seguridad y operatividad de las inversiones extranjeras y, en particular, las de EU; de ahí que, según el Tratado, sea fundamental "[la] protección de las inversiones respecto del maltrato por parte de los gobiernos extranjeros … [así como] … la eliminación de las barreras a la inversión que representan el requisito de desempeño y los derechos de establecimiento" (Cosbey 2002). Más aun, en el Capítulo 11 del TLCAN se abordan los "cuidados" que debe tenerse con la inversión extranjera directa (IED). El Artículo 1.102 del Tratado explicita las obligaciones de trato nacional para el capital extranjero, mientras que el 1.106 establece la prohibición de requisitos de desempeño y el 1.105 las obligaciones sobre niveles mínimos de normas de trato internacional. En el 1.110 se delimita la protección contra la expropiación, la cual, según el documento oficial, no puede ser más que "a causa de utilidad pública, sin discriminación por nacionalidad específica y con indemnización por parte del gobierno expropiador"(Ibid.).
Es decir, se ponen las precauciones pertinentes para que no vuelva a ocurrir una expropiación como la que realizó en 1938 el general Lázaro Cárdenas al nacionalizar el petróleo mexicano y quitarle el negocio al empresariado estadounidense. Nótese que, por lo tanto, el 1.110 avalaría, en caso de que sucediera una expropiación "injustificada" y supuestamente con "apego a la legalidad", que EU pueda incluso ir a guerra, ya sea para recuperar sus activos expropiados o la indemnización correspondiente (la que generalmente está fijada en montos extraordinariamente altos). Aunque seguramente el 1.110 es un "candado" pensado a favor de la IED en el sector energético (petróleo, gas y electricidad), igualmente es aplicable para el caso de otras inversiones: tal es el de las referentes a los activos naturales, un aspecto no considerado en las discusiones oficiales y de "expertos" del TLCAN en el ausente rubro ambiental. (Respecto del 1.102, desde la perspectiva ambiental se pregunta que si se diera el caso de que varias empresas nacionales estuvieran ya contaminando al máximo permitido, el negar un permiso a un inversionista extranjero para abrir otra planta en el mismo sitio ¿equivaldría al incumplimiento de la cláusula de trato nacional? [Cosbey 2002: 4]; en cuanto al 1.105, y particularmente al 1.106, no se incluye la noción ambiental como lineamiento regulador de un mínimo de desempeño y obligaciones, al menos para no contaminar el ambiente de modo tan agresivo; y en torno al 1.110 se ha puntualizado la necesidad de considerar las repercusiones ecológicas de una empresa como una de las causas para que sea expropiada -en tal sentido, una IED que produzca los suficientes impactos ambientales, de categoría grave, no podría ser expropiada para su clausura a menos que se le pagara).
Considerando lo anterior y dada la debilidad de la legislación ambiental nacional y de su cumplimiento, así como por la corrupción del sistema, no es casual la reubicación de empresas de EU altamente contaminantes que operaban en ese país y que "casualmente" con el TLCAN comenzaron a hacerlo a lo largo y ancho de México y, en específico, en el lado fronterizo mexicano. Se trata de un fenómeno de transferencia de contaminantes y residuos tóxicos por parte de EU a México y que se protege con los lineamientos legales del Tratado. Aunque, por supuesto, y gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana, algunas empresas han logrado ser simbólicamente sancionadas, pero son casos contados.
Desde el punto de vista del saqueo de los recursos naturales, el TLCAN ha sido indispensable para las élites de poder norteñas, ya que permite establecer una peculiar modalidad de "comercio internacional" que abre las puertas a la intensificación de la transferencia de esos recursos, ya sea a partir de su exportación hacia las empresas de EU que luego los procesan o comercializan a gran escala (regresando una parte al país como importaciones), o a través, y sobre todo, de la realización de tal proceso extractivo-industrial directamente en el país.
Una investigación efectuada por Saxe-Fernández y Núñez (2001) muestra que entre 1976 y 1997 América Latina realizó una transferencia de excedentes a favor de los países ricos por concepto de servicio de la deuda, transferencias unilaterales, fugas de capitales, utilidades netas remitidas de inversión directa, términos de intercambio, errores y omisiones, conservadoramente estimada en 2 billones 51 mil 619,1 millones de dólares, deflactados al PIB 1990 de EU (Saxe-Fernández 21-3-02). Ello, indica Saxe-Fernández, "encarna el enlazamiento y profundización de las desestabilizantes fuerzas de centrifugación capitalista, por la vía de los programas privatizadores y de ajuste estructural, con la correspondiente tendencia a la centripetación y proyección del poderío policiaco-militar del Poder Ejecutivo" (Ibid.). En efecto, tanto las fuerzas centrífugas como centrípetas a las que alude Saxe-Fernández, componen uno de los nodos del escenario operativo del TLCAN y ciertamente del Plan Puebla Panamá y el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca), las cuales vienen a profundizar el ritmo de transferencia de riqueza de América Latina hacia el Norte, y que, como muestran tales estimaciones, no se está hablando de pequeñeces. Si a las cifras anteriores se les suman las correspondientes al saqueo de los recursos naturales y los "costos" ambientales, evidentemente tal transferencia se incrementaría de modo exponencial.
Más aun, vale señalar que la dinámica de transferencia de excedentes está consolidada en sinergia al pago de la deuda y sus intereses. Martínez-Alier y Roca (2000: 428-429) sintetizan adecuadamente tal lógica al escribir que "la obligación de pagar la deuda externa y sus intereses lleva a una depredación de la naturaleza… Para pagar la deuda externa y sus intereses hay que lograr un excedente… Este excedente proviene en parte de un aumento genuino de la productividad… pero en parte sale del empobrecimiento de las personas de los países deudores y del abuso de la naturaleza". En este contexto llama la atención que el presidente de México, Vicente Fox, asegure que "somos la novena economía del mundo" y que, gracias al TLCAN, tenemos una formidable balanza comercial: "la séptima más grande en el mundo" (La Jornada, 11-12-02). Lo interesante no es el absurdo de estar supuestamente en la novena posición de las economías del orbe, sino las dimensiones de nuestra balanza comercial, lo que implica una explotación extraordinaria de los recursos naturales y humanos del país. Mientras la crisis se agudiza cada vez más en el país, no sorprende, entonces, que siguiendo esa coherente lógica de pensamiento que caracteriza al presidente mexicano, todavía se atreva a señalar que el TLCAN "ha sido 'altamente positivo' para la economía nacional" (Ibid.). Según datos del Banco de Comercio Exterior de México (Bancomext 2002), entre febrero de 2001 y febrero de 2002 el país había exportado $11.995 millones en petróleo crudo -ojo, no de derivados, donde está el negocio importante- (más de 675 millones barriles a un precio promedio por barril de $17,76). A esa transferencia hay que sumarle las toneladas de productos del sector agropecuario (agroindustria de hortalizas y frutas en su mayoría) que sumó un valor de $3.869 millones. Asimismo, los centenares de toneladas de productos de la minerometalurgia y la siderurgia cuyas exportaciones se valoraron en $237 y $351 millones respectivamente, las de productos minerales no metálicos en $453 millones, las del sector extractivo (en bruto), de las cuales el 71,4% eran de zinc, sal común, cobre y espatofluor, en $63 millones, las de vidrio en $289 millones, las de plásticos y caucho en $333 millones, las de químicos en $841 millones, las de la industria maderera en $126 millones y las del papel/editorial en $180 millones -por mencionar algunos casos, sin considerar las actividades de maquila de otros bienes intermedios o finales que se llevan a cabo en el país y que también hacen uso de recursos energéticos y naturales, y de fuerza de trabajo. El balance general del TLCAN, sintetizado grosso modo, ha sido la explotación de los mexicanos, el saqueo de los recursos y la destrucción de la economía nacional al ser sustituida por la de los capitales extranjeros que dejan los costes ambientales y sociales llevándose únicamente las ganancias. Eso sí, en caso de que la mano invisible del mercado falle a los intereses empresariales, siempre está la alternativa de abandonar el país y cargar la cuenta al pueblo. Pero nótese que todo lo anterior es solamente posible gracias a la actuación subordinada de los country managers que detentan el poder en México. Así, pues, a contracorriente de este escenario, es central insistir en un alto al pago de la deuda externa y sus intereses como punto de partida para que la región, en oposición al pretendido Plan Puebla Panamá y al Alca, pueda construir su propio desarrollo. Este último, entendido como la visión latinoamericana para los latinoamericanos, que dé cuenta de peculiaridades de la región tales como su historia, su diversidad cultural, su riqueza natural, sus necesidades, potencialidades, limitantes y contradicciones.
Bancomext. 2002. Comercio exterior de México a febrero de 2002. Disponible en la página web de Bancomext.
Cosbey, Aaron. 2002. El capitulo 11 del TLCAN y el medio ambiente. Documento de información para el Comité Consultivo Público Conjunto de la Comisión para la Cooperación Ambiental. Ottawa, 17-18 de junio de 2002. Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable. México.
Delgado, Gian Carlo. 2002. La amenaza biológica. Plaza y Janés. México.
La Jornada. 11-12-02. "Se negocia con EU y Canadá la adecuación del TLCAN: Fox".
Martinez-Alier, Joan y Jordi Roca-Jusmet. 2000. Economía Ecológica y Política Ambiental. Fondo de Cultura Económica. México.
Saxe Fernández, John et al. 2001. Globalización, imperialismo y clase social. Lumen-Hvmanitas. Argentina.
Saxe-Fernández, John. 2002. La compra-venta de México. Plaza y Janés. México.
Saxe-Fernández, John. "La presidencia imperial en Monterrey", en La Jornada 21-3-02.
